editor jefe Cash - Página/12

La advertencia de que la partida de los franceses de Suez espanta a los inversores extranjeros tiene el mismo tono dramático que la que sostenía que Argentina quedaba fuera del mundo por el default. No pasó nada de esas tempestades que se anunciaban. Y no pasará nada terrible con el retiro del cuestionado grupo galo. También la prevención que atemoriza sobre riesgos en la provisión de agua en el período estival repite el sermón sobre que la ausencia de un operador privado podría significar calamidades para los usuarios. Esa amenaza se presenta como si el servicio que actualmente presta Aguas Argentinas fuera de excelencia. Si algo sucede en el verano, no será nada peor a lo ya padecido en los últimos años como la falta de presión o la elevación de las napas freáticas.

Luego de más de dos años de fuego cruzado entre el Gobierno y la empresa, con momentos de amor y otros de odio, las razones de la caída de la concesión son un interesante desafío para historiadores. Puede ser que haya sido por la especulación electoral del presidente Néstor Kirchner que no quería comprometerse públicamente a un aumento de tarifas. También puede ser por la pretensión abusiva de Suez respecto de que la sociedad a través del Estado se hiciera cargo de deudas que el grupo asumió en la última década. Por una u otra razón o por cualquier otra, el abandono francés de la concesión abre una oportunidad atractiva para que el Estado siga recuperando espacios que no debió haber abandonado.

El acceso al agua potable y al servicio de colección y tratamiento de residuos cloacales se encuentra asociado a derechos fundamentales de las personas. Se trata de un servicio esencial para la población. El agua potable no es una mercancía más, reproducible y con posibilidad de ser administrada mediante los mecanismos clásicos que se utilizan en la regulación de mercados monopólicos. En marzo de 2004 se publicó un esclarecedor libro, Recursos públicos, negocios privados. Agua potable y saneamiento ambiental en el AMBA, que reúne dos investigaciones, una de Daniel Azpiazu y Karina Forcinito, y otra de Andrea Catenazzi, publicado por la Universidad Nacional de General Sarmiento. Los tres autores coinciden en resaltar que la cuestión del agua y de las cloacas constituye un problema ambiental complejo. Y, por lo tanto, dicha complejidad demanda una visión integrada y de largo plazo, “que las empresas, inmersas en la lógica de acumulación capitalista, no se encuentran en condiciones de desarrollar”. Si bien la presencia del sector privado ha aumentado en esas actividades tan sensibles para la gente, “los estados nacionales continúan teniendo la responsabilidad insoslayable e indelegable de garantizar el acceso efectivo del conjunto de la población a dichos recursos y la sustentabilidad ecológica de largo plazo en sus ámbitos de influencia”.

Cuando se aborda la problemática de la distribución del ingreso aparece en primer lugar la brecha entre lo que perciben los sectores de la punta de la pirámide social y los que habitan en la base. También surge un análisis un poco más fino que apunta a determinar cómo se reparte la riqueza generada por una economía. Pero el Estado puede intervenir para mejorar en forma indirecta –que no implica valores monetarios inmediatos a nivel personal– la distribución del ingreso cuando acerca servicios esenciales a los sectores más castigados. El agua y las cloacas son bienes básicos de los que millones carecen.

En doce años de concesión, los incumplimientos en materia de inversión de Aguas Argentinas revelan el fracaso de esa privatización en términos de los propios objetivos planteados en ese proceso: promover la universalización de los servicios y mejorar la calidad en la prestación. Azpiazu y Forcinito invitan a reflexionar alrededor de las enseñanzas que surgen de esa traumática experiencia, lecciones que pueden servir para ahuyentar fantasmas y para empezar a poner a las cosas en su lugar:

n El agua potable y los desagües cloacales no pueden ser considerados como mercancías sujetas a las “fuerzas del mercado” sino que constituyen derechos humanos fundamentales que los estados deben garantizar, especialmente en economías con crecientes niveles de pobreza e indigencia.

n La regulación de la prestación de los servicios debe ser diseñada en función de los requerimientos que plantea la administración integral de la cuenca fluvial, considerando el ciclo hidrológico; el balance entre las aguas subterráneas y las superficiales y la recuperación de los recursos contaminados.

n Se deben generar los incentivos necesarios y suficientes para garantizar la universalización del servicio a través de mecanismos adecuados y transparentes de subsidios cruzados y, de resultar necesario, la implementación de tarifas sociales. Ello debería contabilizarse con un creciente macro y micromedición del servicio en función de una mayor racionalidad en el uso del recurso.

n Se deben establecer rígidas normas tendientes a garantizar la independencia y autarquía de la agencia reguladora.

Estas enseñanzas deben sumarse a las que dejó el manejo estatal de Obras Sanitarias de la Nación, que también son mencionadas por Azpiazu y Forcinito. Por caso, antes de su privatización, la compañía registraba un elevado grado de desinversión, de obsolescencia tecnológica en materia de tratamiento de los efluentes, una creciente polución del medio ambiente por contaminación industrial, una importante desatención de la demanda en los meses de estivales, un considerable deterioro en la calidad del agua entregada y una relevante desactualización catastral.

Andrea Catenazzi plantea en su documento de trabajo la necesidad de recuperar un modelo social del agua, es decir una prestación estatal y universal, recordando que ésta “fue un elemento clave de la formación del Estado-Nación que asoció la garantía del acceso de determinados servicios al hecho de ser ciudadano, y que representaba sobre todo el valor de un programa político”. El manejo del agua y las cloacas no es un tema de ideología ni de estatismo versus sector privado. Y tampoco de negocios en el sentido de evaluar el servicio con típicos parámetros de rentabilidad empresaria. Se trata de abordar la cuestión con toda su complejidad, pensando en aquellos que no tienen agua corriente y cloacas, echando al cesto las voces de alarma y aprendiendo de las enseñanzas que dejó la privatización del agua.