Con la batería de indicadores positivos de consumo y producción que casi a diario difunde el Indec, convoca a la curiosidad cuando aparece un flanco débil en el horizonte inmediato. Esa luz de alerta no proviene de las cuentas del gobierno nacional sino de las finanzas de las provincias. En especial, las del distrito más populoso y rico del país. La provincia de Buenos Aires está en rojo y la tendencia no indica que vaya a revertirse. Por el contrario, las estimaciones para el año próximo son de profundización del desequilibrio pese a los ajustes impositivos (aplicación de adicionales en el inmobiliario y automotor y uno sobre los activos financieros). Si bien la reducción del superávit fiscal es sistemática en la mayoría de las provincias, el proceso en Buenos Aires ha sido de un deterioro más acelerado.

El actual rojo de Buenos Aires no es la continuidad de años de desequilibrios. Desde 2003 hasta fines de 2005 se habían contabilizado superávits primario y financiero record en la historia de las finanzas públicas provinciales. El dato preocupante de ese comportamiento es que, en una época de holgura fiscal, no se haya podido diseñar una estructura de recursos y gastos sustentable, con responsabilidad compartida de la Nación y la gobernación. Además, ese déficit se registra en un contexto de extraordinario crecimiento económico. Una parte importante de ese desalentador resultado tiene que ver con la injusta distribución de la coparticipación de impuestos que discrimina a Buenos Aires. También con que la Nación no coparticipa la recaudación por las retenciones a las exportaciones. Ese evidente castigo a las cuentas de Felipe Solá, que según el armado político realizado por la Casa Rosada debería heredar Daniel Scioli, no es el único motivo de la debilidad estructural de las finanzas de la gobernación.

Pese al sostenido esfuerzo del subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, los recursos tributarios propios representan sólo el 47 por ciento del total de los ingresos de la provincia. Según estimaciones de la consultora Economía & Regiones, de Rogelio Frigerio (nieto), “la evolución de la recaudación provincial se situó bastante lejos de la proyección establecida en el Presupuesto 2006 (27,0 por ciento vs. 22,8 por ciento)”. Esa diferencia es explicada porque se habían incluido unos 750 millones de pesos provenientes de la utilización de nuevas herramientas tributarias que diversos fallos judiciales impidieron aplicar, como el embargo a contribuyentes morosos. Una provincia tan rica como Buenos Aires debería tener ingresos tributarios mayores y no depender tanto de las transferencias giradas por el Estado Nacional. Pero, a la vez, tendría que reclamar lo que le debería corresponder del dinero que recauda el gobierno central y luego deriva a las provincias. El informe de E&R detalla que Buenos Aires recibía el 10 por ciento de la recaudación neta del Impuesto a las Ganancias a través del Fondo del Conurbano Bonaerense hasta que en 1996 se fijó como techo la suma fija de 650 millones de pesos. El excedente de ese monto es distribuido entre el resto de las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación secundaria. Por lo tanto, La Plata comenzó a perder participación en ese reparto con el sostenido aumento de recaudación de ese tributo.

Esas cuestiones estructurales influyen decididamente en el saldo de las cuentas de la gobernación. Sin embargo, existen aspectos que suman incertidumbre que tienen que ver con el manejo de la propia administración, como lo es la deuda provincial. Ese es el punto débil de las finanzas de ese distrito. Los gastos aumentaron por las mayores erogaciones en salarios y por indispensables obras públicas. La recaudación no aumentó tanto como se esperaba por la red de complicidad que existe en la Justicia y grandes contribuyentes, además de la escasa vocación de pagar impuestos de los sectores acomodados de la provincia. También pesa la injusta distribución de recursos que emana de la coparticipación. Pero resulta sorprendente que la carga de la deuda sobre el presupuesto siga siendo tan pesada teniendo en cuenta que reestructuró una porción importante de sus títulos públicos, extendiendo el plazo de pago con una importante quita nominal del capital. Este año, los intereses de la deuda terminarán sumando unos 800 millones de pesos (300 millones más que en 2005), siendo la partida que registrará el mayor incremento porcentual interanual (64 por ciento). Ese monto equivale a casi el 75 por ciento de la inversión en infraestructura social. El stock de la deuda provincial asciende a 33.327 millones de pesos a fines de este año. El principal acreedor es el gobierno nacional, que concentra el 61 por ciento del total con gran parte de ese pasivo indexado por la inflación (CER), mientras que el resto se divide en bonos y organismos multilaterales. El cronograma de vencimientos, según el detalle elaborado por E&R, revela una exigencia mayúscula. En el período 2006-2010 se comprometen unos 14.245 millones de pesos sólo en concepto de amortizaciones de capital. Desde el año próximo, ese compromiso será de unos 3000 millones de pesos promedio. En esa instancia es donde el déficit fiscal actúa como un fuerte condicionante de la administración provincial, tal como la experiencia enseñó durante la década del noventa a nivel nacional. La sucesión de acumulación de desequilibrios de las cuentas públicas en un escenario de creciente peso de la deuda en las finanzas implicará mayores necesidades de endeudamiento. Es una rueda que ya se conoce como termina.

Por lo tanto, con el antecedente de la década pasada, resulta saludable estar atento a las cuentas fiscales de las provincias. Eso no significa que haya que traspolar esa experiencia ni repetir esquemas de ajustes como entonces. La Nación, Buenos Aires y el resto de las provincias están a tiempo de desactivar lo que hoy es una bombita, que si no se hace nada puede transformarse en un artefacto potente que afecte la saludable política de inversión en obras públicas (de infraestructura y de viviendas) y de recomposición de salarios de los empleados estatales y de los docentes.

Un año electoral no colabora para esa tarea de sanación. Pero más vale prevenir una eventual desestabilización de la economía del distrito que históricamente ha provocado con sus crisis la amplificación de las últimas debacles. Así se evitaría las dolorosas curas.