Uno de los vicios de responsables de áreas de gestión de un gobierno es enamorarse de una herramienta de política económica. Y una de las trampas difíciles de eludir para un gobernante es resistirse a tomar la decisión de abandonar ese instrumento que le sirvió en un momento para superar una dificultad. El caso extremo fue Domingo Cavallo con el tipo de cambio fijo que frenó en forma abrupta el proceso hiperinflacionario. Ni Carlos Menem luego del efecto Tequila, cuando la convertibilidad ya daba muestras de su agotamiento, ni Fernando de la Rúa cuando asumió la presidencia se animaron a salir del 1 a 1. Paridad que había sido exitosa para superar el descalabro de precios pero que, al convertirse en dogma, se transformó en el desencadenante de la peor crisis de la historia argentina.

Los acuerdos de precios fueron la mejor herramienta para frenar las expectativas inflacionarias al alza que el entonces ministro Roberto Lavagna minimizaba. En ese contexto, la labor del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue clave para disciplinar a un grupo de empresas productoras de bienes sensibles de la canasta básica. Sus controvertidos modales sirvieron en ese momento para frenar subas generalizadas de precios. El saldo de esa política fue positivo el año pasado. La inflación se ubicó por debajo del 10 por ciento anual y la cesta de alimentos subió menos que ese promedio. Pero todo instrumento de intervención requiere ser perfeccionado para evitar su previsible desgaste a medida que pasa el tiempo. En lugar de buscar mecanismos más sofisticados que golpear la mesa –ciertamente necesarios al comienzo teniendo en cuenta quiénes eran los interlocutores– se profundizó la misma estrategia de control, que apuntaba exclusivamente al precio final de ciertos productos. Así se desgastó la política de los acuerdos debido a que las empresas encontraron mecanismos para eludirlos. Las gambetas realizadas frente a los ojos de los funcionarios fueron la diversificación de la oferta de productos y el cambio de envases, además de discontinuar las segundas y terceras marcas para concentrar sus líneas de producción en las primeras, que tienen un precio más alto.

Enamorarse de un instrumento de política económica, en este caso los acuerdos de precios, ha sido la principal debilidad de Moreno. Para mostrar su efectividad forzó la situación hasta provocar, por caso, un descalabro en el complejo e informal mercado de la carne. Con resultados que le empezaron a ser adversos buscó acomodar la realidad a sus deseos –y a los del presidente Kirchner–, y para ello emprendió una bochornosa intervención en el Indec. De todos modos, si los acuerdos empezaron a perder efectividad, el camino a transitar no pasa por desentenderse de cómo se desarrolla el proceso de formación de precios. La tarea es pasar a una etapa superadora de los acuerdos, lo que no significa desmontar el actual sistema de control y fijación de precios de referencias para bienes esenciales de la cesta del hogar. Para avanzar en ese sentido se requiere la conformación de equipos técnicos para analizar la cadena de costos de cada sector, como así también para monitorear el comportamiento empresario para detectar maniobras que afectan a los consumidores. El faltante de mercaderías en los supermercados y almacenes no se explica solamente por las lluvias e inundaciones de Santa Fe. Presión para ajustar precios al alza y la eliminación de los productos más baratos no son ajenos a los vacíos que se observan en góndolas y estantes.

En mercados oligopólicos, informales y desequilibrados como los existentes en la Argentina el consumidor sólo tiene la posibilidad de defenderse de los aumentos de precios con un Estado activo. Regulación y control son los ejes para poner orden a la imperfecta ley de oferta y demanda. Para ello, Economía busca ampliar las facultades de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca) mediante un proyecto de ley que extiende su tarea de fiscalización al incluir más funciones de intervención.

La importancia de esa iniciativa, que tiene media sanción en el Senado, queda en evidencia en el desmedido editorial publicado en La Nación el sábado 14 de abril, “Oncca, un proyecto para archivar”. Allí se afirma que “se otorga poderosas atribuciones” a la Oncca, contrarias a la seguridad jurídica y al incentivo de la inversión; se describe que ese organismo maneja un presupuesto millonario para otorgar subsidios e intentar controlar el aumento de precios; se advierte que se procura transformar a la Oncca en un organismo con atribuciones y funciones “de alta peligrosidad para el agro, sus industrias y servicios”; y se indigna porque se convirtió en “un caudaloso” instrumento de intervención estatal.

Este proyecto ofrece al Estado una herramienta de regulación y control, sin pretender repetir las experiencias de la Junta Nacional de Granos y la de Carne ni imitar la política de Australia, que cuenta con un ente que compra y vende productos agropecuarios actuando como un mecanismo de regulación de precios para el mercado interno. El objetivo principal es asegurar el abastecimiento doméstico y que no se disparen los precios de los productos de mayor consumo de la población. La apuesta es que la Oncca ocupe ese lugar relevante de intervención. Ese organismo será responsable de la distribución de los abundantes subsidios a varios complejos agroindustriales, financiados con el aumento de las retenciones del 4 por ciento al complejo sojero, para evitar subas de precios. Hasta ahora han empezado a funcionar con los pollos –que registraron una leve baja– y los lácteos. Falta implementar las transferencias a otros sectores, como el porcino y el vacuno. La efectividad de esa política de control de precios recién podrá ser evaluada a mediados de año.

Mientras tanto, con acuerdos de precios que empezaron a hacer agua, el actual período de transición será bastante movido, tanto como el registrado en el primer trimestre del año. Con un crecimiento vigoroso de la economía motorizado por una fuerte demanda, el piso de la inflación anual es del 10 por ciento anual. La cantidad de puntos adicionales que se vayan a sumar a esa cifra dependerá de la efectividad del control sobre los formadores de precios. Ya sin golpes sobre la mesa, con una eficiente política de regulación.