Disminuir el consumo a la mitad de las luminarias en las autopistas, apagar los carteles de publicidad, disponer cortes rotativos, aumentar las tarifas a los usuarios residenciales y varias propuestas más de emergencia se han presentado para enfrentar la situación de tensión máxima del sistema energético. Los industriales quieren que los cortes los padezcan los hogares de familias, el Gobierno presiona a las compañías que manejan los recursos energéticos y éstas acusan a la actual administración por la ausencia de inversiones al no fijar un horizonte creciente de tarifas. Resulta un escenario peculiar que ante un grave problema de abastecimiento cada uno de los principales protagonistas deposite las culpas en los otros y aspire a trasladar los costos de las escasez de gas y electricidad a la contraparte. Están brindando un pobre espectáculo que, ante la vertiginosidad de los acontecimientos, queda relativizado para la mayoría. Por un lado, la Unión Industrial Argentina emitió un crítico comunicado exigiendo al Gobierno medidas para aliviar la situación de las empresas e incluso hubo voces que reclamaban mayor dureza en el pronunciamiento. Nada mencionaron que el Grupo Techint, que maneja los hilos de la UIA, tiene pozos de hidrocarburos (el 5 por ciento de la producción de gas y otro tanto de petróleo), está a cargo de obras de expansión que se demoran y controla la estratégica firma TGN, megacaño de gas que durante varios días de frío polar operó por debajo de su capacidad máxima de transporte. Por otro, las petroleras no inyectan el gas suficiente en los caños de las transportadoras, invierten poco y nada en exploración de nuevos pozos para evitar el declive constante de las reservas y no toman la iniciativa para ampliar la capacidad de refinación para garantizar la normal provisión de gasoil al mercado interno. El argumento para justificar ese comportamiento es que el sendero de tarifas desincentiva las inversiones. Sin embargo, se ha liberado el precio de gas de boca de pozo, pueden exportar libremente, mantener hasta un 70 por ciento esas divisas en el exterior, se les otorgó por ley un régimen de exenciones impositivas y otras facilidades para invertir, las autoridades de control hacen la vista gorda con el monto de las regalías que deberían estar pagando y gozan de una rentabilidad extraordinaria, como está reflejado sin pudor en los balances. En tanto, el Gobierno levanta el dedo a unos y a otros, el residente Kirchner admite que fue un error haber facilitado la privatización de YPF y expresa que quiere un modelo energético diferente al de la década pasada. Pero, en los hechos, termina convalidándolo. Así, mientras el actual funcionamiento del sistema energético no está en condiciones de dar respuestas a una economía en crecimiento sostenido, cada uno de esos actores cumple su papel en ese juego de simulación.

La “argentinización” de YPF con un banquero-constructor y la provincialización de la propiedad de los yacimientos –la denominada Ley Corta, que modificó la de Hidrocarburos– va a contramano de la enunciación de un cambio de modelo. El cuadro crítico en el sistema energético nacional tiene su raíz en la propia lógica de un modelo privado, cuyo principal objetivo es la obtención de ganancias elevadas para distribuirlas entre los accionistas. Y es razonable que así sea porque ésa es la base del negocio privado. No lo es tanto desde el punto de vista de un Estado que debe cuidar de recursos estratégicos necesarios para el desarrollo de un país.

Los contratos que otorgaron la prórroga de la concesión del rico yacimiento Cerro Dragón en Chubut y Santa Cruz a Pan American Energy (British Petroleum, Amoco y Grupo Bulgheroni) ofrece los ingredientes para la consolidación de un modelo energético que ha demostrado su fracaso para dar respuestas a un proyecto de crecimiento vigoroso. Las peleas entre políticos alrededor de esos convenios (el reaparecido ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, el actual gobernador de Chubut, Mario Das Neves, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el actual gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta) son pases de facturas dentro de esa cofradía. Lo cierto es que la entrega de ese yacimiento, concesión que vencía recién en el 2017, por otros diez años más con la posibilidad de una extensión de otros veinte, lo que amplió el contrato hasta el 2047, resulta insólito. La justificación de la empresa es que ya realizó inversiones de envergadura y que se requiere el desembolso adicional de muchos millones más y, para tener seguridad, necesita un horizonte previsible. Cuarenta años de explotación de un yacimiento implica, en la práctica, la concesión a perpetuidad puesto que Pan American Energy extraerá hidrocarburos hasta la extinción del recurso.

Las reservas comprobadas y probables de Cerro Dragón auditadas por la Secretaría de Energía totalizan un valor bruto de 28.653 millones de dólares, monto conservador teniendo en cuenta que esa tarea de fiscalización no es de las más eficiente de esa dependencia oficial. Pan American Energy dispondrá libremente del petróleo y del gas de ese yacimiento a cambio de pagar en concepto de regalías unos 3352 millones de dólares durante veinte años (apenas el 11,7 por ciento del total), según calculó el Grupo Moreno.

Pan American Energy como Chubut y Santa Cruz concretaron lo que les convenía, según la evaluación de ese negocio, lo que no implica que esos contratos en el mediano y largo plazo sean beneficiosos para todo el país. La cuestión no pasa por la controvertida y denunciada ante la Justicia prórroga de ese yacimiento, sino del instrumento legal que lo permitió. Ley impulsada por el Gobierno y aprobada por el Congreso de la Nación que transfirió a las provincias la propiedad de los pozos, además sin definir un criterio único para esas operaciones. Así, cada provincia va definiendo condiciones diferentes (Chubut publicita que obtuvo más que Santa Cruz en la negociación con Pan American Energy), malvendiendo, en definitiva, un recurso que es de todos y resignando la Nación a capturar gran parte de la fabulosa renta energética. Renta que durante décadas permitió la administración nacional, racional y centralizada de un mercado gasífero y eléctrico en expansión. Quienes se apropian de esa extraordinaria renta es la ficha que no se expone en el juego de simulación de la crisis energética y, por ese motivo, el sistema seguirá funcionando con parches y bajo máxima tensión.