Sólo dos empresas en el país fabrican tolueno (Repsol-YPF y Petrobras), el producto petroquímico del que deriva el plástico. Ese insumo se utiliza para elaborar envases para gran parte de los bienes de consumo. Una sola compañía produce el 99 por ciento de chapa laminada en frío y el 84 por ciento de la laminada en caliente: Siderar. Con este insumo se fabrican vehículos, tractores, hojalata para envases, heladeras, lavarropas, cocinas y otros electrodomésticos. Aluar tiene el monopolio del aluminio, otro insumo de uso difundido. Estas compañías comercializan productos que se utilizan en la fabricación de casi todos los bienes, y por ese motivo determinan en buena medida el precio y el abastecimiento de lo que se consume en el país. Pero la fuerte concentración en pocas empresas en sectores clave de la economía argentina se extiende a otras áreas tan diversas como alimentos, TV por cable, lácteos y supermercados, entre otras.

La concentración se desarrolla por dos vías: 1. las grandes empresas compran a las más pequeñas, y/o 2. realizan maniobras anticompetitivas hasta fundirlas para quedarse con la porción de sus mercados. En ambos casos se puede concretar de manera legal o ilegal. En Argentina, para comprar o fusionarse con otra empresa existen límites que tienen que ver con la porción de mercado que va a acaparar la nueva compañía conformada luego de la operación. El porcentaje depende del sector y la aprobación está en manos del Ministerio de Economía. A la vez, está vigente una ley de abuso de posición dominante, que impide a los grandes jugadores utilizar su poder para ahogar a los más pequeños. “En los últimos años existieron cientos de denuncias que fueron cajoneadas por la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC) o por la misma Secretaría de Defensa de la Competencia”, señaló a Cash José Sbattella, actual presidente de la CNDC.

La situación que encontró Sbattella en esa dependencia es tan grave que pidió, vía la ministra de Economía, Felisa Miceli, la actuación de la Oficina Anticorrupción, que luego de varios meses de instalada en la Comisión acaba de redactar un informe lapidario. En ese trabajo describe “claros casos de negligencia en los que no se actuó o se actuó en contra de los intereses de la sociedad o de las empresas afectadas”.

Hay diversas maneras en que una gran empresa puede desplazar a una pequeña para quedarse con su porción de mercado. Tiene la posibilidad de vender más barato en la zona de mayor influencia de esa pyme (generalmente las pequeñas empresas concentran su potencial en una zona geográfica), puede presionar a los clientes para que no le compren bajo amenaza de no venderle sus productos o de restarles beneficios, o incluso puede presionar a sus proveedores de insumos para que no le vendan. Tanto puede alcanzar su poder que son usuales esas prácticas. Sólo el Estado puede frenarlas utilizando la ley de abuso de posición dominante, que prohíbe esas maniobras.

En teoría, cuando una compañía compra a otra esto deriva en un inmediato crecimiento de sus ventas, que resulta en una disminución de sus gastos fijos dentro de sus costos. Es decir que podría bajar precios manteniendo el mismo porcentaje de ganancias. En la práctica no es así. Por el contrario, se aprovechan de su poder y suben precios. “Cuando un sector es manejado por tres o cuatro empresas, éstas se reúnen periódicamente y acuerdan precios. Además, si piensan que existe una sobreoferta que podría hacer caer los precios, disminuyen la producción. Con la excusa de una parada técnica o cualquier otra van rotando las paradas y así nivelan el mercado”, explicó a Cash el ex presidente de la Unión Industrial Manuel Herrera.

En el caso del cemento, tres empresas concentran el 96 por ciento de la producción: Loma Negra, Minetti y Avellaneda. Una empresa acapara la comercialización del 77 por ciento de los fertilizantes: Profertil. Otra vende el 79 por ciento de los agroquímicos: Aventis. En alimentos, la gran preocupación de la población y del gobierno, pasa lo mismo. Una compañía tiene el 62 por ciento del pan industrial: Bimbo. Dos, el 73 por ciento de las galletitas dulces: Arcor y Danone. Esas mismas dos, el 77 por ciento de las galletitas saladas. Y dos más, el 70 por ciento de la leche fluida, chocolatada y los yogures: SanCor y Danone.

Las razones de la actual inflación son múltiples y complejas. Sin duda, una de ellas consiste en una demanda elevada y que no cede desde hace cinco años frente a una oferta que no está acompañando por falta de inversión. En una economía de competencia las compañías se cuidarían antes de aumentar sus precios y perder porciones del mercado. Uno de los sectores que viene aprovechando el alza en el consumo en los últimos meses es el del supermercadismo. Según datos del Indec, las grandes cadenas subieron los precios de los alimentos un 3,3 por ciento en mayo contra un 0,1 por ciento que dio el cuestionado relevamiento del ente oficial en todo tipo de comercio. Según la consultora privada SEL, el salto fue del 15,4 por ciento. El grado de concentración de los supermercados es considerado como “muy alto” por la Comisión de Defensa de la Competencia: sólo tres supermercados acaparan el 83 por ciento de las ventas.

Los bienes de uso difundido, es decir los que se utilizan de insumo para luego fabricar decenas de productos, son los de mayor concentración en el país. Y son, a la vez, los que mayores alzas registraron desde la salida de la convertibilidad. El aluminio, monopolizado por Aluar, aumentó 395 por ciento. La inflación en ese período aún no alcanzó el 100 por ciento. El hierro redondo, producto indispensable para la construcción, acaparado por Acindar en un 50 por ciento, se incrementó 346 por ciento. Los laminados para automóviles y línea blanca subieron 319 por ciento. Lo mismo ocurrió con el plástico, el tetra y el vidrio, usados para casi todos los envases. Es decir, a mayor concentración, mayor capacidad de subir los precios. Capacidad que, como se ve, fue utilizada a pleno.