Imagen: Bernardino Avila

La forma en que se construyen los relatos de diversos acontecimientos ha de definir el rumbo que termina emprendiendo una sociedad. Muchas veces fluyen sin obstáculos, moldeando con facilidad el sentido común al establecer categorías únicas, morales y normativas, que delimitan el camino a transitar. Desviarse de ese sendero constituye un desafío que el saber convencional censura con persistencia, tarea que cuenta con el acompañamiento de la mayoría de los medios de comunicación. De esa forma se va cimentando un discurso que termina siendo apropiado hasta por los propios damnificados, pues esas crónicas diarias actúan como un potente disciplinador social. Sin embargo, en algunas ocasiones la construcción de esos relatos se enfrenta con sus propias contradicciones, revelando que, en realidad, tienen una raíz profundamente conservadora, cargada de rechazo hacia el otro y, en definitiva, de desprecio de clase. El lockout del campo permite dejar en evidencia ese comportamiento doble standard de la corriente de pensamiento hegemónico.

En el espacio tan tradicional del editorial del diario que cuida los intereses del campo, La Nación, se publicó el 30 de agosto de 2005 una con el título “Piquetes, orden público y justicia”. Dos de sus párrafos son los siguientes:

- “En más de una oportunidad, hemos reclamado desde esta columna la necesidad de que las autoridades garanticen el orden público frente a las manifestaciones de grupos piqueteros o de otros sectores que habitualmente coartan el derecho del resto de los habitantes a circular libremente por la vía pública”.

- “...cabe preguntarse, por ejemplo, si los bloqueos que dispone el titular de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de camioneros, con aceitados contactos con el gobierno nacional, no son merecedores de ser calificados de delitos y, por consiguiente, pasibles de ser sancionados con idéntico rigor”.

- “La metodología utilizada por Moyano consiste en impedir el ingreso de mercaderías, indispensable para el abastecimiento y normal funcionamiento de los supermercados, en una evidente maniobra extorsiva”.

En esta semana, el desarrollo del piquete verde con cortes en decenas de rutas nacionales y provinciales no mereció ni una editorial con semejantes definiciones y descalificaciones. El domingo pasado, en la edición de este diario, Mario Wainfeld precisó la necesidad de tolerar las medidas de acción directa y de ocupación del espacio público como parte de una democracia plena. Pero en el relato dominante existe un doble standard frente al sujeto de la protesta. Así, los cartoneros, desocupados y trabajadores no tienen propiedad para expresar sus demandas, con el método del corte de rutas y accesos principales a la ciudad que se generalizó desde los noventa. Hace menos de un año el titular de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, expresó en el discurso de inauguración de la última exposición de Palermo, en referencia a los piquetes, que el Estado debe garantizar “el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, a transitar libremente, a comerciar...”. Hoy, el importante movimiento de productores, que sobrepasó a los dirigentes de las cámaras del sector, no provoca los cuestionamientos a la acción directa sobre las vías de tránsito. Por el contrario, ahora Miguens dice que “está de moda” ese tipo de protestas.

Decenas de rutas cortadas por horas. El bloqueo del túnel subfluvial que une las ciudades de Paraná y Santa Fe. Ni un envío de hacienda al Mercado de Liniers como parte de una estrategia de desabastecimiento de carne. Frenar la provisión de leche y pollo a la población. Expresar el deseo de vaciar las góndolas de alimentos. Si esa estrategia y reacción espontánea fuese instrumentada por movimientos de izquierda o de sectores desamparados se estaría hablando de sedición o de células revolucionarias que quieren alterar el orden natural de la sociedad. Serían calificadas de antisociales y se reclamaría sin pudor su represión, como lo han solicitado en el pasado. Pero este levantamiento patronal, que en algunos puede generar simpatía porque se enfrenta al Estado, no genera indignación en los tradicionales hacedores del relato del sentido común porque tiene como protagonistas a dueños de pequeñas, medianas y grandes extensiones de tierra. No son los peones rurales que salen a protestar para pedir ser parte de una fiesta que los tiene marginados. Aunque parezca paradójico, el campo es uno de los grandes ganadores de este modelo de dólar alto, subsidio al gasoil y refinanciación y licuación de deudas con el sistema financiero. Algunos productores salen al cruce de esa evaluación denominándola “citadina”, que es lo mismo que decir que por estar en la ciudad no se entiende nada de lo que pasa en el campo. Definición que encierra una profunda concepción autoritaria e intolerancia frente a la opinión diferente.

La protesta de pequeños y medianos productores puede servir para reconstruir su propia identidad dentro del agro, dejando atrás a una dirigencia que estuvo sólo ocupada en conseguir espacios de poder y de caja dentro de la estructura del sector público. Tomando conciencia de su propio lugar en la sociedad podrán negociar en mejores condiciones con el Estado, además de no quedar atrapados de reclamos que no les pertenecen, pues son parte de los intereses de los grandes propietarios. También les permitirá encontrar a otros actores que reducen su rentabilidad tanto o más que las retenciones móviles, como los contratistas, acopiadores, comercializadores/exportadores, multinacionales de las semillas, fertilizantes y herbicidas. El piquete verde sería cualitativamente más potente si fuese contra los eslabones concentrados y oligopólicos de la cadena agropecuaria. En ese caso, no se demoraría un editorial conservador en repudio a los cortes de ruta.

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