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Un paquete de medidas cuyo objetivo es luchar contra la evasión no reúne muchos detractores, puesto que no brinda una imagen de decoro y corrección criticar tan necesaria e imprescindible campaña para cobrar más impuestos. Del mismo modo no es de buen gusto pretender anular el también indispensable debate para reformar el sistema tributario, cuya característica es la inequidad. Cuando los ministros de Economía se transforman en filósofos de la política, en realidad buscan cerrar la posibilidad de impulsar cambios. La sentencia “la acción unifica (léase plan antievasión) y la discusión doctrinaria divide (es decir, la reforma tributaria)” no colabora para transitar hacia un modelo de país cuya meta es reducir la profunda desigualdad. No hay que desconocer, sin embargo, que el síndrome Machinea puede jugar un papel relevante en la inhibición a avanzar en modificar un sistema tributario regresivo e injusto.
La reacción de poderosos lobbies y de una clase media histérica, amplificada por comunicadores sociales indignados por el corazón de sus bolsillos, asignaron a los cambios tributarios impulsados por el entonces ministro de Economía de Fernando de la Rúa la culpa de frenar la incipiente recuperación económica. El denominado “impuestazo” provocó una corriente de descrédito hacia un gobierno torpe que tomó como bandera el continuismo de un modelo agotado. En realidad, la semilla de ese fracaso no estuvo en proponer un esquema medianamente progresista en el pago del Impuesto a las Ganancias, sino en la lógica del ajuste en la que se incluyó esa reforma. El absurdo objetivo de conseguir el investment grade –grado de inversión brindado por las calificadoras de riesgo– exigía un ajuste fiscal de proporciones para garantizar el cumplimiento de una deuda impagable. Así, una iniciativa alentadora en materia tributaria fue aplicada por un gobierno preso de la dinámica del ajuste, que consideraba que su gestión principal era continuar con la convertibilidad y el consecuente modelo de concentración y exclusión social. La lección de ese fracaso es que resulta difícil que una reforma con tintes progresistas pueda tener éxito en un gobierno conservador.
Si bien el pasado reciente debe servir como aviso, no es correcto hacer una traspolación automática a panoramas políticos y económicos que son bastante diferentes. Quedó demostrado con el fiasco de pretender aumentar las cuotas del monotributo, régimen que de por sí necesita un reordenamiento. Subir los aportes en sectores de ingresos medios y medios bajos es una iniciativa conservadora en un gobierno que aspira a no serlo. Y por ese motivo rápidamente se reveló inviable tal como fue elaborado. El escenario ahora es distinto al del ‘99 para no temer al síndrome Machinea. Néstor Kirchner pretende dejar atrás el modelo de ajuste permanente de los ‘90; las encuestas indican que reúne consenso social para emprender transformaciones y la economía no está en recesión, como la herencia que recibió la Alianza. Aunque pueda abrir arduos debates, éste es el momento adecuado para demoler nichos de privilegio en la estructura impositiva, como la exención de Ganancias a la renta financiera.
En un muy interesante trabajo de Jorge Gaggero y Juan Carlos Gómez Sabaini (Argentina. Cuestiones macrofiscales y política tributaria, editado por CIEPP/Fundación Osde), se resalta que la carga tributaria consolidada apenas ha superado el 20 por ciento del PBI en los últimos años, presión que resulta 10 puntos inferior a la de Brasil, por ejemplo. Para mejorar ese pobre resultado no sólo hay que avanzar sobre nichos de evasión sino sobre rentas de los sectores más acomodados.
Como precisó Claudio Lozano en un reciente documento del Instituto de Estudios y formación de la CTA, el planteo de Roberto Lavagna es li-mitado en el sentido que hay que dar una batalla muy fuerte contra la evasión y que ganándola será posible realizar en el futuro una reforma tributaria de fondo. Puesto que de esa forma se deja abierta la puerta, al no modificar el régimen vigente, para que el combate a la evasión se transforme en una mayor presión sobre los sujetos que ya soportan la carga tributaria, que son los sectores de ingresos medios y bajos.