Nadie es dueño de las palabras y, en una sociedad libre, puede utilizarlas a su antojo. El riesgo aparece cuando se aplican mal o se hace abuso de un vocablo, lo que termina confundiendo a despistados. Cada uno puede tener una imagen distorsionada de sí mismo que, en algunas ocasiones, puede llegar a diferir de la mirada del otro. En esos casos, si se está rodeado de gente que lo quiere bien se lo harán notar para evitar tropiezos. En los últimos años la expresión progresista ganó adeptos y buena reputación en el consenso general. Tal aceptación fue gatillada luego de poco más de una década de un conservadurismo reaccionario, que dominó a los países centrales y con imitación por rebote en esta parte sur del planeta. El progresismo recuperó un status respetable en el concierto internacional con lo que se denominó la Tercera Vía, liderada por los europeos Tony Blair y Gerhard Schröder. Como se sabe, luego de la guerra contra Irak a Blair el cartel de progresista empezó a tambalearle sobre su cabeza. En estas playas, en tanto, a hombres dedicados a manejar las riendas de la economía a veces les brota el deseo de ser calificados como progresistas. Le sucedió en su momento a uno de los hombres clave del equipo económico del Gobierno de la Alianza y actual miembro del staff de notables del renovado Cronista Comercial, Pablo Gerchunoff, a quien le resultó difícil superar el “test del progresista” planteado en esta misma página hace unos tres años. Ahora, esa aspiración la tiene el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien en una charla ofrecida en el Círculo Italiano de Buenos Aires afirmó que “el superávit fiscal es central, está en el centro de una política económica progresista”.
El superávit fiscal es el saldo de los ingresos y egresos registrados en las cuentas públicas y en sí mismo ese excedente no define nada sobre su calidad. En cambio, de dónde se consiguen los recursos y hacia dónde se destinan esos dineros limitan con claridad qué clase de superávit se obtiene. Si la estructura tributaria está basada en impuestos sobre el consumo, como el IVA, y se adelanta que lo primero que se hará en esa materia será eliminar los que se consideran “distorsivos” como el impuesto al cheque y las retenciones, la columna de ingresos de ese superávit no se presenta muy “progresista”. Si se trata de abordar distorsiones en la actividad económica, el IVA debería ocupar el primer lugar en la consideración de Hacienda. Como bien enseñan los tributaristas más respetables del medio, el IVA del 21 por ciento resulta no sólo distorsivo porque alienta la evasión sino porque su carácter regresivo, debido a que afecta a todos por igual, a pobres y ricos, se vuelve todavía más injusto por esa elevada alícuota.
No deja de llamar la atención que cada vez que se estudian desde los despachos oficiales futuros cambios en la estructura tributaria se ignore o se patee para más adelante reparar una de las aberraciones más evidentes de ese régimen: la exención de la renta financiera del pago del Impuesto a las Ganancias.
Como en muchas cosas de la vida, en economía hay momentos para ser audaz, en otros para ser prudente y en la mayoría de las veces para tener sentido común. Durante la década del ‘90 el argumento para dejar en esa isla de privilegio a la renta financiera era que no había que espantar a los capitales. Estrategia de convocar el dinero golondrina que terminó con los resultados conocidos. La Alianza, a la vez, directamente abjuró de su plataforma, que incluía avanzar sobre ese bache tributario.
Ahora, después del corralito, devaluación y pesificación, no se presenta mejor escenario para gravar dividendos a distribuir por empresas, la renta de los títulos públicos y los intereses de plazos fijos. Algunos piensan que así se aleja la posibilidad de reconstruir el sistema financiero y el mercado de capitales. Es justamente, sin embargo, en ese proceso de recuperación cuando se deben establecer las reglas de juego impositivas para adelante para que no haya sorpresas. Y la renta financiera no debería quedar excluida si se pretende avanzar, al menos, a pasitos hacia una política progresista. Como quedó demostrado con el aumento de la recaudación del impuesto al cheque del mes pasado, los conceptos “distorsiones” o la “protección” de capitales financieros son figuras que, si bien merecen discutirse para lograr un régimen tributario eficiente, buscan en realidad preservar rentas ocultas.
Lavagna hubiera podido elegir otro ejemplo de políticas que lleva adelante para aspirar a ponerse el sayo de progresista, como podía ser la propuesta de renegociación de la deuda en cesación de pagos. No fue una feliz elección, en cambio, la que realizó. El superávit fiscal pasará a ser progresista, asumiendo el controvertido supuesto de que puede tener esa cualidad un excedente de las cuentas públicas en una economía con la mitad de la población en la pobreza, cuando su origen sea otro y no el que surge de un régimen tributario regresivo y una restrictiva asignación del gasto público.