La pérdida de credibilidad en que incurrieron las agencias calificadoras de riesgo conlleva una serie de interrogantes respecto de su función. Al respecto, las autoridades de regulación del mercado analizan varias alternativas, entre ellas, determinar un mayor control o generar agencias testigo de orden semipúblico que eviten el conflicto de intereses que conlleva pagar por una calificación. También existe el riesgo de que funcionen como oligopolio, dado que sólo operan en el mundo tres agencias de rating: Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s. De todos modos, reconocen que la práctica de estas firmas está demasiado extendida, lo que impide que dejen de ser consultadas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) organizó en conjunto con el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores un debate en el que reguladores de distintos países presentaron durante tres días sus avances en la materia.

“Nos dijeron que no iba a llover y llovió, y a cántaros, y además se veían de hace tiempo nubes en todos lados.” Con estas palabras el ex presidente de Moody’s Latinoamérica, Douglas Elespe, reconocía la incapacidad de las calificadoras para anticiparse a la crisis de las hipotecas subprime. No sólo fueron inútiles para pronosticar la peor crisis financiera desde el crac del ‘30, sino que además sus calificaciones fueron siempre a la zaga de los sucesivos derrumbes financieros globales. “Rezago, miopía o intencionalidad”, evaluó el presidente de la CNV, Alejandro Vanoli. El funcionario remarcó entonces la necesidad de reducir la dependencia que existe sobre esas notas crediticias, fomentar una mayor competencia y regular sus actividades para evitar el conflicto de intereses.

“Muchos países basan sus políticas monetarias en las recomendaciones que realizan estas agencias, a pesar de que no tienen regulación estatal, lo que significa una enorme contradicción”, explicó a Cash el titular del ente regulador. Por ejemplo, Brasil, Japón, Australia y Canadá, entre otros, no tienen control ni registro de esas agencias. “En Brasil se aprobó recién ahora el diseño de un inventario del uso de las calificaciones, porque hasta el momento no tenemos ningún tipo de regulación sobre las agencias”, reconoció Flavia Mouta, inspectora de la Comisión de Mercado de Valores (CMV) de ese país. Mouta aclaró que desde 2004, las decisiones financieras en el Banco Central brasileño se toman “bajo ‘análisis propios’, sin tener en cuenta estas notas crediticias”. “Lo que parece fue una decisión correcta”, agregó.

“En realidad los gobiernos no quieren establecer una metodología porque eso implicaría hacerse cargo de sus errores. Ahora la responsabilidad recae directamente sobre las calificadoras”, criticó el ex directivo de Moody’s. Por el contrario, Guillermo Rodríguez, jefe de la división de análisis y asesoramiento del Banco de España, coincidió en la necesidad de “reducir la dependencia de las calificaciones”, aunque admitió que “su arraigo dificulta identificar alternativas”. “Es difícil romper esa dependencia ciega, pero habrá que ver qué papel cumplen a partir de ahora las calificadoras”, señaló. En el país ibérico se comenzó a definir estándares para las notas, los cuales responden a distintos porcentajes de ocurrencia de default. De todos modos, esto tampoco se trata de una regla clara y objetiva.

El Foro de Estabilidad Financiera establece que las autoridades gubernamentales eliminen o sustituyan paulatinamente las referencias a ratings por apropiados estándares alternativos de calidad. Además solicita que los organismos –encargados de las políticas– se involucren más. “Hay varias incertezas respecto de los caminos que debemos transitar, pero en todos el Estado no puede estar ausente. Las calificaciones de riesgo son muy importantes como para dejarlas al libre arbitrio de las calificadoras”, opinó Vanoli