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¿Quién califica a los calificadores? Uno de los debates no resueltos que dejó la crisis del 2008 es como se encauzará en el futuro el funcionamiento de las calificadoras de riesgo. El juez californiano Richard Cramer dictó la semana pasada un fallo absolutorio para las tres principales agencias del mundo Moody’s, S&P y Fitch, señalando que las elevadas notas que las mismas les habían otorgado a vehículos sofisticados de inversión que luego dejaron de pagar sus obligaciones eran simples predicciones sobre el desenvolvimiento de esos instrumentos financieros, y que por lo tanto se encontraban protegidas por la denominada Primera Enmienda de la Constitución norteamericana que garantiza la libertad de expresión.

La nueva ley de reforma financiera aprobada en julio pasado por iniciativa de Barack Obama dinamita hacia adelante esta línea defensiva utilizada por las calificadoras al establecer que las notas no pueden ser consideradas simples opiniones fuera del alcance de la Justicia. La norma considera que las actividades de las calificadoras tienen un carácter fundamentalmente comercial, por lo que deben aplicárseles criterios de responsabilidad y control similares a los que se ejercen sobre auditores, banqueros de inversión o analistas de valores cuando se comprueba una actuación negligente. La nueva ley busca impedir que se repitan las pifiadas cometidas por las agencias que –antes de desatarse la crisis financiera– habían repartido felicitados a troche y moche. Moody’s, en 2006, había otorgado la máxima nota posible AAA (similar a la que tienen los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos) a 42.625 instrumentos financieros que tenían hipotecas dentro de sus activos. Al desatarse el caos financiero, el 83 por ciento de esos fideicomisos vio reducida su calificación ocasionando multimillonarias pérdidas a los inversores que habían podido comprar esos instrumentos gracias a las elevadas notas que los mismos habían conseguido.

Para cumplimentar las nuevas exigencias que la ley les impone, algunas de las calificadoras ya han señalado que aumentarán sus comisiones transfiriéndoles a sus clientes sus mayores costos regulatorios. El presidente de la comisión que investiga la crisis financiera, Phil Angelides, señaló que “una vez que la Ley de reforma financiera fue aprobada en julio pasado, 3000 lobbistas se desplazaron desde el Congreso hacia la Comisión de Valores de Estados Unidos para tratar de frenar la reglamentación de la reforma”.

Por su parte, los reguladores europeos también avanzan a paso de tortuga. El miércoles pasado el Parlamento Europeo estableció que las agencias de calificación europea deben someterse a un control centralizado por parte de la nueva Autoridad Bursátil Europea. Esta institución tendrá poderes para realizar inspecciones por sorpresa o imponer multas a estas compañías de hasta el 20 por ciento del volumen de negocios en caso de detectar irregularidades. Además de las críticas surgidas por la debacle financiera del 2008, los líderes europeos han acusado a las calificadoras de agravar la crisis de endeudamiento de la eurozona por haber degradado simultáneamente la nota de la deuda de Portugal, Grecia y España. Sin ir muy lejos, esta semana Moody’s ha afectado los mercados al anunciar que analiza nuevamente bajar las calificaciones de estos dos últimos países

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