La decisión del Gobierno de hacer efectivo el derecho que tiene el Estado de ser representado en los directorios de las empresas privadas en la cuales tiene participación accionaria no tuvo un impacto directo en las cotizaciones de las firmas involucradas. Hubo papeles que evidenciaron leves retrocesos, pero respondió al contexto externo que arrastró a varias plazas bursátiles de la región. El establishment alertó sobre una posible caída bursátil. El mercado local es pequeño, y con compras o ventas de poca envergadura se definen tendencias. Por ese motivo, operadores no descartan que algunos de esos holdings aprovechen para pulsear con el Gobierno en la Bolsa, como lo hicieron cuando se estatizaron los activos de las AFJP.

“Es probable que algunos utilicen esto como una usina en medio de un año electoral, para introducir algún ruido”, dijo a Cash el analista de una importante consultora extranjera, en cuyos informes enviados a sus clientes no da mayor trascendencia al tema. La reticencia del sector empresario desde su perspectiva se explica porque los empresarios estaban acostumbrados al “libre hacer”. La ley que creó las AFJP establecía un tope de cinco por ciento para la representación en los directorios, norma que fue reformulada por el decreto de necesidad y urgencia.

Ese esquema, copiado del sistema previsional que instauró la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, permitió que las AFJP adquirieran con el aporte previsional de los trabajadores toda emisión de nuevas acciones, sin que esto representara mayor injerencia en las firmas. En el caso de administradoras privadas tenía sentido, debido a que, de lo contrario, sus casas matrices –grandes grupos bancarios– tendrían peso político en aquellas empresas en las que invertían, aun cuando lo hiciesen con fondos de futuros jubilados. Las AFJP sólo buscaban rentabilidad, y en muchos casos sus inversiones no cumplieron tampoco con ese requisito.

“La Anses tiene que poner el foco en la asociación entre vinculados. Los grupos de control pueden aprobar transacciones que no sean beneficiosas para una empresa particular, pero que sí beneficien al grupo económico. Esas decisiones pueden ser monitoreadas o prevenidas cuando uno está en el directorio y no cuando se está afuera”, señaló a Cash el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli. La presencia de directores en representación del Estado permitirá monitorear otras decisiones de estas empresas, como la distribución o reinversión de utilidades. “En muchos casos se utilizan los dividendos para fugar capitales”, denunció Vanoli.

En los últimos años los balances de esas compañías cotizantes informaron a la Bolsa ganancias record, pero eso no redundó en una distribución acorde de dividendos. Otras transferían sus ganancias a sus casas matrices en perjuicio de los socios minoritarios. YPF, Aluar y Boldt fueron las únicas tres que pagaron dividendos cada año en la última década. Esto es precisamente lo que provocó la respuesta airada de los directivos de las cámaras que aglutinan a las empresas más poderosas del país. Estos alertan que la medida ahuyentará a los inversores, y que la consecuencia será una desvalorización de las acciones en Bolsa. La presencia del Estado en todos los casos es minoritaria, por lo que ningún accionista podría pensar en un cambio de rumbo de alguna de estas firmas.

“Ya pasaron tres días desde que se conoció el decreto de necesidad y urgencia y no hubo bajas significativas. Tampoco debería haberlas, más allá de reacciones que representen el malestar ideológico de algunos grandes grupos empresarios”, agregó Vanoli. De hecho, la presencia de los actuales directores estatales en las empresas no parece haber entorpecido sus negocios. Siderar, donde el Estado posee un 25,9 por ciento de participación, más que duplicó su resultado operativo el año pasado respecto del anterior.

Más allá de la actual tranquilidad que muestra hoy el mercado, no se descarta “alguna picardía”, advierte Vanoli

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