El deterioro de la economía y de la sanidad palestina se acelera sin pausa. Escasean, aun sin dramatismo, alimentos básicos; 150.000 funcionarios, de los que dependen un millón de personas, no han cobrado los salarios de marzo y abril; las medicinas y antibióticos faltan en los hospitales. El Banco Mundial alertó de que la crisis es más profunda de lo previsto en su informe de marzo y advierte que la situación en Cisjordania y Gaza puede tornarse ingobernable.

Obstáculos enormes acechan al gobierno dirigido por Hamas. Las ayudas de Estados Unidos y la Unión Europea –1000 millones de euros al año– han sido cortadas por la negativa del movimiento fundamentalista a reconocer al Estado de Israel y a renunciar a la violencia. El gobierno israelí impide el comercio con los territorios palestinos, cautivos de sus empresas; mantiene clausuradas las aduanas y se niega a transferir los impuestos (unos 45 millones de euros mensuales), propiedad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Las ONG también trabajan bajo mínimas condiciones y los fondos que han donado algunos países árabes y musulmanes aguardan en los bancos de países árabes vecinos, que no los transfieren a la ANP por temor a las sanciones de Washington.

Pese a todas las dificultades, no se aprecia todavía desesperación en las ciudades de la Franja de Gaza. Las ventas han bajado drásticamente porque los consumidores adquieren lo imprescindible, y mientras las verduras –no se venden en Israel– abundan y se compran a precio de saldo, las frutas, que tampoco entran a los mercados de la Franja, han duplicado su precio.

No es la angustia por la deprimente situación económica lo que provoca erupciones violentas, muy frecuentes en los últimos días entre los leales a Fatah, el partido del presidente, Mahmud Abbas, y milicianos de Hamas. Ante esa situación, el Banco Mundial expresó que sus previsiones anteriores fueron “demasiado prometedoras”. A juicio del organismo financiero internacional, la ANP padece una “crisis de liquidez sin precedentes” y es indispensable reanudar las donaciones para que los funcionarios, policías y militares cobren sus sueldos. De lo contrario, el gobierno podría quedar paralizado. Es precisamente el descontento de los agentes lo que más puede contribuir al estallido de brotes violentos.

Sin demasiada o nula esperanza, tanto Abbas como el primer ministro, Ismail Haniya, reclamaron al Cuarteto –EE.UU., UE, Rusia y Naciones Unidas– que reanuden las ayudas financieras sin demora. El islamista Haniya llamó a reconsiderar la decisión de los mediadores de “imponer un asedio” a los palestinos. Mientras el presidente lo hacía en tono admonitorio: “Una cuarta parte de los palestinos depende de los sueldos de los funcionarios. Si no se pagan existirá una amenaza sobre la misma existencia de las instituciones, de la ANP y del futuro Estado palestino”. La congelación de las ayudas puede retrasar más de una década la formación de este Estado, señaló el Banco Mundial.

Los mediadores del Cuarteto estudian las opciones para mitigar la crisis. Pero no había demasiadas probabilidades de que se acordaran medidas que ayudaran a aliviar la penuria de los palestinos. Se estudian varias opciones para que los fondos lleguen a los funcionarios palestinos sin pasar por las manos de Hamas. Pero las fórmulas –la creación de un fondo que manejara el propio Banco Mundial o transferir los recursos a la oficina del presidente Abbas– no satisfacen por el momento a la administración de George W. Bush. La postura de Washington es, a juicio de Ned Walker, ex embajador en Egipto e Israel, “demasiado rígida”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.