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Por Enric González*
Desde Washington

El gobierno de George W. Bush parece decidido a permitir que la industria estadounidense eleve sus emisiones contaminantes. Un proyecto de orden administrativa obtenido por el diario The New York Times deja sin efecto, en la práctica, una ley que desde 1977 obligaba a instalar sistemas contra la polución ambiental en las factorías que se ampliaran o modernizaran. La orden, que podría ser aprobada la semana próxima sin pasar por el Congreso, supone una gran victoria para las compañías petroleras y eléctricas y para el conjunto de la industria pesada.
La llamada Ley de Aire Limpio establecía que cualquier factoría en la que se realizaran mejoras, más allá del mantenimiento rutinario, debía instalar los sistemas anticontaminantes más modernos disponibles en el mercado. Desde que se aprobó la ley, las empresas se quejaron de que era demasiado vaga, e intentaron hacer pasar por simple mantenimiento obras que suponían un significativo aumento de la capacidad de producción, y de contaminación. La administración de Bill Clinton no consiguió establecer un reglamento más concreto para la aplicación de la ley, pero persiguió legalmente a todas las empresas sospechosas de esquivarla. George W. Bush ha decidido, según el borrador publicado por el Times, dejar un margen muy amplio a la industria: estarán exentas de instalar sistemas anticontaminantes las plantas industriales que acometan una reforma cuyo costo no supere el 20 por ciento del valor total de la factoría.
“Una norma que fija un límite del 20 por ciento destripa por completo la ley, y deja meridianamente claro que el gobierno de Bush ha tenido siempre el proyecto de abolir la Ley de Aire Limpio por la vía administrativa”, declaró Elliot Spitzer, fiscal general de Nueva York. La vía elegida por la Agencia de Protección del Ambiente (APA) para aplicar el reglamento deja al margen al Congreso y hace imposible que la reforma sea frenada por la vía parlamentaria. El único recurso para quienes rechazan el límite del 20 por ciento es entablar una acción judicial contra el gobierno. Spitzer, máxima autoridad judicial de Nueva York, anunció que plantearía un recurso ante los tribunales en cuanto el reglamento fuera firmado y entrara en vigor. Otros Estados podrían seguir la misma vía.
El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, una organización privada, calificó de “grotesco” el reglamento elaborado por la APA. “Permitirá que las empresas amplíen gradualmente y sin límite sus factorías y emitan mucha más contaminación que ahora”, dijo un portavoz del Consejo. El senador independiente Jim Jeffords, que abandonó el Partido Republicano a mediados de 2001 por considerar que se había convertido en un partido ultraconservador, afirmó que el reglamento constituía “una violación flagrante de la propia Ley de Aire Limpio y de toda la jurisprudencia acumulada en años” y añadió: “Su publicación equivaldrá a una fechoría”.
La industria, por el contrario, se mostraba satisfecha. “El margen del 20 por ciento es razonable”, comentó Scott Segal, director ejecutivo del Consejo Coordinador de la Fiabilidad Eléctrica, una asociación de empresas productoras de electricidad. Según distintas estimaciones de organizaciones ecologistas y de la propia APA, el cambio en la ley supondría un ahorro de miles de millones de dólares para la industria, y un aumento significativo de las emisiones contaminantes en la atmósfera. Un portavoz de la APA declaró al Times que el objetivo del reglamento, del que dijo que aún no estaba finalizado, consistía en “animar a las factorías a mejorar su eficiencia, fiabilidad y seguridad”. El gobierno de Bush eligió un momento muy concreto para la entrada en vigor del reglamento. La anterior administradora de la APA, Christie Whitman, dimitió a principios de verano por “razones personales”, tras sufrir continuas presiones del vicepresidente Dick Cheney para que se mostrara comprensiva con los intereses industriales. Si, como se esperaba ayer, elreglamento fuera publicado la semana próxima, llevaría la firma de la actual administradora provisional, Marianne Horinko, y evitaría que Michael Leavitt, gobernador de Utah, nombrado pero aún no confirmado como máximo responsable de la política ambiental, cargara con la responsabilidad. Se ignora, por el momento, qué hará el gobierno con las decenas de pleitos que tiene planteados contra empresas que vulneraron la Ley de Aire Limpio en los últimos años.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12