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Entre las opciones de comercialización que poseen los productores agropecuarios se encuentran las ventas “a fijar precio”. Se trata de una opción que, con mayor o menor riesgo puede resultar rentable para todos los integrantes de la cadena, integrada, además de por los productores, por los acopiadores, corredores, molineros y exportadores. Estas operaciones significan que el productor entrega su mercadería, por ejemplo a un molinero, y no la cobra en el momento sino dentro de un lapso acordado entre las partes, que puede ser hasta un año. Para el productor significa tomar un precio futuro que, supone, será mayor. Para el comprador, aunque asume el riesgo de un alza pronunciada, constituye una oportunidad para financiarse, pues pagará la compra cuando él mismo ya realizó la venta, sea del producto final en el caso del molinero, o de aquello que intermedió en el caso de un corredor. Adicionalmente, también significa la posibilidad de asegurarse los insumos que necesita para su ciclo productivo. El precio que se utiliza como referencia al momento de formalizar el pago es el que se conoce como “precio de pizarra” fijado por la Cámara Arbitral. En esta cámara, todos los días se reúnen los representantes de la cadena y, sobre la base de las operaciones registradas en la víspera con mercadería disponible, se establece un precio, que sería un promedio ponderado en función de los volúmenes operados.
Puede ocurrir que el lapso fijado para formalizar la venta sea de 180 días, que el productor haya entregado, por ejemplo 100 toneladas y que quiera cobrar 25 a los 60 días. El comprador, entonces, paga a los 60 días sobre la base orientativa del precio de pizarra para el día. Dada la magnitud del negocio, la fijación de este valor es cuanto menos delicada. Podría suponerse que las mejoras en los sistemas de información deberían haber terminado con las disputas tradicionales, pero no fue así. Esta semana, desde la Secretaría de Agricultura se anunció que se investigará el proceso de formación de precios de pizarra, los que “a causa de la no recepción de información suficiente” se encontrarían sesgados en desmedro del productor.
Según la Secretaría de Agricultura y de acuerdo a una denuncia presentada por Carbap, los precios de pizarra estarían en un promedio de 50 pesos menos por quintal en girasol, 25 pesos menos en soja y alrededor de 10 pesos en los casos de trigo y maíz. Para los productores, dado el volumen de negocios, esto se traduce en pérdidas millonarias.
Mario Llambías, de Carbap, explicó a Cash que uno de los problemas que enfrentan los productores es el de su representación ante las cámaras arbitrales. Muchas veces este lugar es ocupado por “supuestos” representantes que también operan en otros niveles de la cadena, graficó.
Acerca de los mecanismos utilizados por Carbap para determinar las diferencias de precios, Llambías explicó que surgen de la comparación con las declaraciones obligatorias de todas las operaciones de granos y oleaginosas ante la Bolsa de Cereales. El problema es que estos precios no están disponibles al día siguiente de las operaciones, sino tiempo después. No obstante, si una vez que se los conoce se los compara con los “de pizarra” para el día en cuestión se obtiene siempre una diferencia en desmedro de los productores.
Entre las alternativas de solución que se sugieren para superar el problema se destaca la posibilidad de reemplazar el viejo sistema de la “pizarra” por los instrumentos más modernos y transparentes de los mercados de futuros.