A principios de la semana que pasó los trabajadores molineros realizaron un paro “por tiempo indeterminado” que fue levantado el miércoles. La demanda obrera era la de sus empleadores: que el Estado unifique las alícuotas de IVA diferenciales que se pagan al interior de la cadena harinera. El argumento “obrero-empresario” fue que la diferencia de alícuotas fomenta la evasión y, por lo tanto, el empleo informal, con la subsiguiente diferencia de ingresos para los trabajadores.

No cabe duda que entre trabajadores y empleadores de cualquier rama existen puntos de interés común. Y si bien no se corrobora que el éxito empresario se traduzca en bonanza para sus empleados –la vetusta teoría del derrame–, sí es cierto lo contrario. Si al empresario le va mal al trabajador también, un problema que se agrava en sociedades con desocupación de dos dígitos. Esta obviedad del mercado laboral no elimina, sin embargo, la persistencia de intereses antagónicos en el proceso de producción, es decir, la vieja lucha de clases. Pero los empresarios argentinos no sólo han conseguido superar el antagonismo, sino que han pasado a una etapa superior: movilizar a los trabajadores en favor de sus reclamos. Si algo quedó claro de la conciliación en el Ministerio de Trabajo es que el antagonismo molinero no fue entre trabajadores y empleadores, sino entre los empresarios y la estructura impositiva. Carlos Barbeito, secretario general de la Unión Obrera Molinera Argentina, informó que “el paro se suspendió por un pedido del ministro de Trabajo (Carlos Tomada). El ministro escuchó nuestra preocupación. Le pedimos que le informe al Presidente (Néstor Kirchner), ya que no está bien informado del problema que tiene la industria molinera. Hay una gran diferencia entre lo que gana un trabajador en una molinera en blanco que un trabajador en una molinera en negro”.

La alta informalidad impositiva en la industria molinera es una realidad histórica. Aunque no existen estadísticas precisas, distintos actores coinciden en arriesgar una cifra común: la evasión rondaría el 40 por ciento. La razón de esta millonaria pérdida para el fisco reside en las dificultades de fiscalización. Según los empresarios, la clave del problema es el alto “incentivo” a evadir que se origina por las distintas alícuotas de IVA a lo largo de la cadena.

Cuando el molinero le compra trigo al productor primario paga un 10,5 por ciento de IVA. Cuando le vende a la panadería (u otros demandantes) la harina, el IVA es del 21 por ciento. De esta manera, entre el trigo y el pan hay una diferencia del 10,5 por ciento por la que el molinero debe responder ante la AFIP, a lo que se suma el IVA, del 21 por ciento, que le pagan por su propio valor agregado. Si además el molino trabaja en negro, también el trabajo asalariado es en negro. La situación se retroalimenta por el lado de la demanda de las panaderías. Por el pan se paga cero por ciento de IVA, pero por la harina el 21. Esto supone, otra vez, que el panadero tiene incentivos para comprarle al molino que vende en negro. Como se ve, los alicientes para eludir al fisco son multidimensionales.

Según los empresarios, este problema se solucionaría unificando las alícuotas. Fuentes de la AFIP dijeron a Cash que tal unificación no resulta posible, pues si se dejase en 10,5 para todo el mundo, significaría una probada pérdida de recaudación que no se compensaría por el potencial blanqueo. Además, la harina no se vende sólo a las panaderías, por lo que habría dos IVA para un mismo producto. Subir todo a 21 presentaría un problema similar, pues el trigo no se vende sólo al molino. La inmediata pregunta suspicaz es por qué si a todo el circuito le convendría evadir, los empresarios piden corregir la situación. La respuesta es que hay algunos, en general los molinos más grandes, para quienes la evasión resulta complicada, lo que supone una “competencia desleal” por parte de los evasores.

La solución en la que trabaja la AFIP es el perfeccionamiento de los “caudalímetros harineros”, un instrumento que permitiría obtener una medición muy confiable de la cantidad de harina producida por cada uno de los alrededor de cien molinos existentes en el país, y por lo tanto, dado que la harina es un commodity de precio conocido, una estimación del IVA que cada uno debería pagar.