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El presidente George W. Bush, que si de algo sabe es del negocio petrolero aunque más no sea por herencia familiar, acaba de felicitar a su Congreso porque aprobó una ley que subsidia por 14.500 millones de dólares a distintos proyectos relacionados con la energía, básicamente en el sector hidrocarburífero. “Esto nos ayuda a asegurarnos nuestra propia fuente de energía en el futuro y a reducir nuestra dependencia del abastecimiento extranjero”, fundamentó redundante el hombre de Texas.

Si para Estados Unidos, la potencia mundial que no trepida si es necesario en desatar guerras e invadir países para acceder a riquezas y recursos naturales, el autoabastecimiento energético resulta esencial, pareciera absurdo y ocioso discutir si un país como la Argentina debe o no aplicar igual criterio.

Y, sin embargo, tal como se señaló en esta columna dos semanas atrás, hay quienes argumentan que el petróleo es simplemente una commoditie que si escasea se importa y punto.

El tema ha ganado relevancia en los últimos días a partir de por lo menos dos hechos. El primero y fundamental es que el precio del barril siguió batiendo records y aparecieron más pronósticos que vaticinan la continuidad de la tendencia o, en el mejor de los casos, la permanencia de valores históricamente elevados por bastante tiempo (el proceso de acelerada urbanización y motorización en China parece crucial en este aspecto). El segundo es que la precaria situación de abastecimiento local ha agitado las críticas hacia la política oficial, por su distracción no inocente ante la creciente exportación de petróleo, y su inacción frente a la poquísima actividad exploratoria.

En este sentido, en el marco de las jornadas celebratorias del segundo aniversario del Plan Fénix se presentaron dos trabajos de sumo interés. Uno elaborado por el ex subsecretario de Combustibles del gobierno de Alfonsín y actual miembro del Grupo Moreno, Gustavo Calleja, que directamente acusó al actual gobierno de “profundizar el modelo energético liberal” que ha hecho caer las reservas de gas a doce años y las de petróleo a ocho. El especialista señala que “la explotación es intensiva y depredatoria, las inversiones exploratorias son casi inexistentes y la exportación resulta, además de una insensatez, violatoria de la Ley de Hidrocarburos”.

Coincidente en líneas generales, pero en particular en la necesidad de aplicar la Ley de Hidrocarburos, se manifestó Roberto Kozulj de la Fundación Bariloche. En su opinión, el Estado tiene en esa ley de épocas de Onganía la herramienta para forzar la reversión de áreas de petróleo y gas subexploradas, y también para frenar el drenaje exportador: “Habría que prohibir la exportación de petróleo amparados en la ley 17.319”, afirma contundente.

Kozulj y Calleja también confluyen en apuntar un dato central que explica la distracción sobre este último punto, que no es otro que el interés fiscal del Gobierno en quedarse a través de las retenciones con parte de la renta extraordinaria que surge de facturar internacionalmente el crudo por encima de los 60 dólares por barril. Calleja opina que “el Ministerio de Economía continúa la misma política que en los ‘90, privilegiando los aspectos financieros del cobro de retenciones”. Retenciones que aportan una porción significativa del súper-superávit fiscal, pero que según los cálculos de Kozulj igualmente dejan un margen espectacular de ganancia a las petroleras: el esquema de retenciones móviles de Lavagna les garantiza a los exportadores una rentabilidad de 2800 millones de dólares por encima de lo que obtenían antes de la devaluación y aplicación de ese impuesto a la exportación.

Para peor, semejante renta ni siquiera está siendo usada para financiar actividad exploratoria que, con alguna chance, extienda el horizonte de reservas: el año pasado se perforaron apenas veinticuatro pozos exploratorios, destacan ambos en base a cifras oficiales. Y en cuanto al gas, Kozulj agrega: “No hubo en los últimos años ninguna inversión para expandir gasoductos troncales para el mercado interno”.

Una pregunta cae de maduro: “Si el petróleo es tan rentable, ¿por qué las compañías privadas no habrían de aprovechar el negocio invirtiendo en descubrir más reservas que les aseguren continuidad?”. Muy probablemente la respuesta sea que si bien el petróleo argentino es rentable, la inversión en exploración no es ni por asomo tan promisoria como en otras partes del mundo, y por lo tanto una empresa de alcance multinacional como todas las que operan aquí prefieren arriesgar en otro lado.

Es la lógica elemental de la maximización de utilidades a escala global, que algunos países, incluso los más poderosos como Estados Unidos, intentan aprovechar. Con su política imperial, pero también si hace falta con una dosis no menor de nacionalismo. Como la expresada por Bush al felicitar al Congreso por una ley que apunta a disminuir la dependencia externa, o como la férrea oposición que le pusieron a una firma China que pretendió desplazar a Chevron-Texaco en la adquisición de la Unocal. Razones de gente como Bush que en la Argentina no se siguen.