Salvo que se crea que la producción es un ámbito armónico en el que las diferencias se resuelven por ajustes automáticos en el “mercado”, debe reconocerse que uno de los espacios tradicionalmente conflictivos fuera de las unidades productivas, donde las tensiones son entre el capital y el trabajo, es en las llamadas “cadenas de valor”. En ese espacio el conflicto es entre empresarios con distintas posiciones de poder relativo. Tener presente esta realidad y sus complejidades es el punto de partida para comprender la puja entre el Gobierno y la cadena cárnica para mantener estabilizados los precios.

Según explican casi sin matices los empresarios del sector, los valores de la carne suben sin cesar por las buenas condiciones de la demanda internacional. A ello se suma el mayor consumo interno por la recuperación de la economía. En voz más baja se agrega que, en realidad, la recuperación no fue suficiente para aumentar también la oferta. Redundantes, los economistas agregan que más demanda con oferta estancada significa mayores precios. ¿Pero por qué en 2005 los precios aumentaron el 70 por ciento más que un año antes: 17,5 por ciento en los primeros once meses contra 10,7 de todo 2004? La primera explicación es por la salida del mercado mundial de dos grandes oferentes. Así enunciado, el problema parece irresoluble y las causas estructurales inapelables.

Entonces, ¿por qué el Gobierno insiste en querer torcer las leyes de hierro del mercado? Fuentes de la Secretaría de Agricultura explicaron a Cash que en realidad el mercado no es tan transparente como parece y que existen sectores con el suficiente poder, no para cambiar pero sí para amplificar en su favor las señales de precios que llegan desde el exterior. Con este razonamiento explican la modorra en el envío de animales a plaza que se produjo a partir de los primeros datos de aftosa en Brasil. La única mayor demanda efectiva que produjo la noticia, sostienen, fue la de Chile, donde la oferta argentina reemplazó la brasileña. Para los analistas, este agregado jamás podría tener la fuerza suficiente para inducir el alza del 4,5 por ciento como la registrada en noviembre en el mercado interno.

En conjunto, los datos de la semana que pasó mostraron tres cosas. La primera, que el Ministerio de Economía comparte el diagnóstico de la escasez de oferta, y sólo después de exceso de demanda. Salvo la amenaza de otra suba de 10 puntos en las retenciones, las medidas concedidas a ganaderos, consignatarios y frigoríficos el pasado miércoles apuntaron a expandir la oferta. La segunda es que el Gobierno no está dispuesto a aceptar que los ajustes de precios continúen y menos que se utilice el alza estacional de la demanda de diciembre –por la suma de fiestas más aguinaldos– para convalidar valores mayores. La tercera fue la incapacidad de la dirigencia gremial del agro y de los frigoríficos para comprender la coyuntura política.

Con excepción de una tibia oferta de uno de los frigoríficos, las entidades del campo y de los consignatarios se sentaron a la mesa de negociaciones con la voluntad de arrancar concesiones antes que de hacerlas en el menor grado. Incluso llegaron al extremo de querer contrademandar la baja de las retenciones como única posibilidad para la baja de precios. La mala lectura de la realidad llevó a todos a una situación peor: la posibilidad muy concreta de que las retenciones vuelvan a aumentarse, decisión que afectará a toda la cadena.

Luego de la primera suba de retenciones, los frigoríficos intentaron transferir la pérdida por el aumento tributario a los ganaderos reduciendo así el precio pagado por la hacienda en las compras directas. El resultado fue una nueva demora de animales en los campos. Si esta estrategia continúa, las retenciones del 25 por ciento dejarán su lugar de amenaza.