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Por Susana Diaz

Los expertos de las multinacionales productoras de semillas están preocupados. En la Argentina, sostienen, no se pagan muchos de los royalties que les corresponde. Es una historia conocida que la gran expansión de la producción de soja, el producto estrella del campo local, se debe a la utilización del paquete tecnológico “soja transgénica resistente al herbicida + herbicida” mediante el empleo de la siembra directa. Este paquete fue desarrollado por la firma estadounidense Monsanto. Como toda empresa de capital tecnológico, su ganancia reside en el mayor precio que obtiene por la innovación, detrás de la cual existen importantes inversiones de capital en investigación y desarrollo de los nuevos productos. Pero a diferencia de otras empresas tecnológicas, por ejemplo de las que producen pantallas de plasma, el producto de Monsanto tiene el “defecto” de ser reproducible. Esto es, otras firmas o los mismos productores agropecuarios, pueden utilizar la “descendencia” de las semillas transgénicas compradas a la multinacional y revenderlas en el mercado. Se trata de las famosas “bolsas blancas”, como se las conoce en el campo en referencia a la ausencia de marca. Además, el herbicida asociado sobre el que existía un cuasi monopolio, el glifosato, desde hace algún tiempo es producido en el país con insumos importados de China.
Es claro que la clave para mantener el negocio reside entonces en garantizar la irreproducibilidad del producto comercializado. Para ello se ha reflotado la utilización de un gen cuya función es garantizar la esterilidad de las semillas. El nombre que recibió dicho gen, nunca más oportuno, fue “Terminator”. De esta manera, las semillas deberán ser compradas en cada cosecha, relegando el recuerdo a las incontrolables “bolsas blancas”.
Wayne Parrott, biólogo de la Universidad de Georgia, sostuvo días atrás que “Terminator” es ideal para “resolver el problema de las patentes en países como la Argentina donde hay mucha evasión al pago de royalties sobre semillas genéticamente modificadas”. La medida se justificaría porque “las multinacionales invierten muchos millones de dólares en investigación científica y parece lógico que pretendan recuperar sus gastos y ganar dinero con la venta de sus productos”.
La posibilidad de usar la información genética para provocar la esterilidad de las simientes perfeccionaría tanto la expropiación de una facultad milenaria de los agricultores, la de disponer de parte de su cosecha para sembrar la próxima, como el ingreso definitivo de un nuevo actor al reparto de la renta agropecuaria.