Con la flexibilidad del caso, la opinión del actual equipo económico argentino acerca del Fondo Monetario y los organismos multilaterales de crédito en general se ajusta a las necesidades de cada momento. Hasta ahora se tenía entendido que Economía pensaba pestes de la actitud ostentada por el FMI en todo el proceso que culminó en el patatús de la convertibilidad en diciembre de 2001. Según la argumentación en boga, la entidad era corresponsable del calamitoso desenlace al haber apoyado un plan inviable. Pero su pecado era aún más mortal: al conceder multimillonarios paquetes de rescate para un programa sin salvación, en realidad había alimentado la fuga de capitales y facilitado la estrategia de la banca, los potentados y algunas multinacionales, otorgándoles dólares y tiempo para ponerse a salvo de la catástrofe, dejándole al país y a su empobrecida población la consiguiente hipoteca. Luego, precipitada la tragedia, el Fondo había cortado todo auxilio y, en el colmo de la sevicia, reclamado la devolución de lo que se le debía. Fue así como en la primera mitad de 2002 se llevó más de 4000 millones de dólares de las reservas, conduciendo a la Argentina a un estallido inflacionario y multiplicando la miseria popular.
Pues bien: ¡arranquen esas hojas del manual! Ahora la secretaría de Finanzas, como puede verse en el sitio ministerial de Internet, les explica a los tenedores de bonos defolteados que la deuda con el FMI y los otros organismos es excluida de la reestructuración (léase quita y pateo) porque tuvieron la generosidad de aumentar su exposición al riesgo argentino durante parte de la crisis 1998-2001, cuando ya nadie quería prestarle a esta infeliz república. ¿Cómo podría el país mostrarse ingrato con tales organismos y poner en entredicho su carácter de acreedores privilegiados, resultado del “consenso” (misteriosamente, la palabra está encomillada en el texto oficial, como si se la tomara con pinzas o en sorna) de la comunidad financiera internacional. Nobleza obliga.