El uso de los acuerdos de precios como instrumento dominante supone un salto de calidad respecto de la visión vigente que Roberto Lavagna esgrimía sobre la cuestión inflacionaria. Coloca la responsabilidad pública en los formadores de precios y favorece el disciplinamiento político del sector empresarial. Es evidente la importancia que adquiere contener la evolución de precios en un país donde por cada 1 por ciento de aumento de la canasta básica alimentaria hay cerca de 100 mil personas (la mayor parte chicos) que caen bajo la línea de indigencia. No obstante, debe quedar claro que los acuerdos de contención son incompletos.

Con la contención bastaría si el “esquema de precios” hoy vigentes pudiera considerarse lógico o normal. Sin embargo, existen demasiados elementos como para comprender que el actual sistema de precios relativos de la economía argentina no permite afirmar un proceso de redistribución del ingreso y de reindustrialización del país.

Es obvio que no podemos congelar ingresos en una Argentina que tiene 15 millones de pobres, 5 millones de indigentes, un ingreso promedio 10 por ciento inferior a la canasta de pobreza y un 80 por ciento de hogares con un ingreso promedio inferior a los 1500 pesos. Esta situación obviamente deslegitima el reclamo de contención salarial con que los empresarios se sientan a la mesa de negociación de los acuerdos de precios. Pero también es claro que la megadevaluación, seguida por la aceleración de precios mayoristas que impulsaron las principales empresas del país, no ha redundado, a la salida de la Convertibilidad, en un esquema de ganancias para los sectores que privilegie la agregación de valor y la industrialización del país. En suma, el “sistema de precios” de la economía argentina no es un sistema a mantener sino a modificar.

Congelar la distribución del ingreso en los niveles actuales (5 puntos menos para los que dependen del trabajo que en el 2001) implica condenar a la anemia al mercado interno, quitándole relevancia al consumo popular como motor de su dinamismo y sosteniendo la actividad económica bajo condiciones de sobreexplotación laboral con niveles de desocupación y promedios salariales que resultan peores incluso que los promedios vigentes en la década de los 90. Mantener el actual esquema de rentabilidades relativas implica aceptar que si bien la devaluación favoreció la acumulación desde los no transables a los transables, dentro de éstos las mayores ganancias se obtienen en las actividades de menor valor agregado (petróleo, minería, agroindustria, insumos de uso difundido, etcétera).

Mercado interno restringido y ganancias diferenciales (extraordinaria) en actividades de escaso valor agregado y que en buena medida depredan la base de recursos naturales del país, no configuran un escenario promisorio para el futuro, ya que no alientan la inversión con destino a dotar de mayor densidad nuestro tejido productivo. La Argentina debe contener la evolución de los precios pero tiene que encarar un replanteo del sistema de precios relativos en base a una amplia “concertación política y social”, que privilegie un nuevo proyecto productivo y una nueva pauta de distribución de los ingresos.

Hacerlo exige de un Estado dispuesto a tener información propia y a no depender sólo de lo que le transmiten las cámaras empresarias, supone el uso de los instrumentos de política económica para penalizar a quienes violenten estos objetivos y requiere a su vez de estrategias implícitas de organización de la comunidad.

En esta dirección es imprescindible avanzar de manera concertada conformando una “unidad de trabajo” que articule la información disponible en el Ministerio de Economía, Indec y AFIP. La información contenida en el Censo Nacional Económico 2003, enriquecida por la Encuesta Nacional a Grandes Empresas, permite identificar con precisión la concentración técnica (es decir, a nivel de establecimientos) y económica (es decir, a nivel de empresas, ya que una misma empresa puede tener varios establecimientos) en cada una de las ramas existentes. Asimismo, la información disponible en AFIP permite identificar las relaciones de propiedad (es decir, cuando los mismos accionistas controlan diferentes empresas). Por último, la base que la AFIP dispone respecto de los principales clientes y proveedores de las empresas permite saber cuándo el mismo grupo empresario (local o trasnacional) no sólo forma precios en un mercado por su posición dominante sino cuándo construye (vía precios de transferencias e intrafirmas) sus propios costos.

Organizar a la comunidad supone favorecer la asociación y cooperativismo de las unidades económicas de menor tamaño (pymes) a efectos de que aumenten su peso económico en las cadenas donde actúan; implica territorializar la organización de los consumidores para que puedan vigilar precios y supone favorecer la libertad y legalidad para la organización de los trabajadores en los principales establecimientos del país a efectos de controlar costos y excedentes de las principales empresas. De lo que se trata es de preparar a la comunidad y al Estado para defender el interés público.

* Economista y diputado nacional.