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La Ley de Entidades Financieras que rige hoy data de la época de la dictadura. Fue sancionada en 1977. El nuevo patrón de acumulación pasa a estar basado en el capital financiero en reemplazo de la producción y el trabajo y, por ende, era necesario modificar los marcos normativos. Fue entonces que se sancionó la Ley 21.526, también llamada “Ley Martínez de Hoz”. Junto con la Ley de Radiodifusión y la Ley de Granos se completaba un paquete legal que garantizaría la implementación del modelo neoliberal y su continuidad a lo largo de los distintos gobiernos democráticos. Recién hoy esas leyes se empiezan a discutir.

En términos generales, esa norma buscó la concentración del mercado financiero, eliminó la posibilidad de la existencia de entidades pequeñas, además de garantizar implícitamente que el crédito sea direccionado principalmente al consumo y a la especulación por sobre la inversión. Además, reglamentó el accionar de entidades cooperativas a tal punto que para existir debían cumplir prácticamente los requisitos de un banco más, descartando su aspecto cooperativo y limitando muchísimo su campo de acción.

Esto significaba que cuando el capital industrial requería dinero para inversión se encontraba con un sistema financiero que definía, desde la óptica de su propio beneficio, si le otorgaba el crédito o no, y a qué tasa de interés. Definía las condiciones para ser “sujeto de crédito”, y, sobre todo, lo otorgaba en función de su rentabilidad: si no es un negocio rentable darles crédito a las pymes y sí es rentable otorgar crédito al consumo, generará más facilidades para este último y pondrá trabas para el segundo. Como siempre, los que salen perdiendo son los “pequeños” de la economía, porque también es una realidad que hoy, en la Argentina, la existencia de una economía concentrada muestra que es difuso el límite entre el capital industrial y el financiero, así como entre este último y el capital agroexportador.

Muchos de estos grupos se beneficiaron con el modelo económico kirchnerista. Un tipo de cambio competitivo, superávit fiscales gemelos, políticas activas de empleo, incentivos a la producción, reasignación de recursos vía retenciones a las exportaciones, límites a las importaciones indiscriminadas y otras muchas políticas activas son las que caracterizan al modelo económico kirchnerista. Este no benefició sólo a grupos como Techint, sino principalmente a las pymes, a los trabajadores y a los actores de la Economía Social. Este nuevo modelo requiere, por ende, un nuevo marco normativo que regule la actividad financiera.

Pensemos lo que suele suceder cuando algún actor de la economía quiere acceder a un crédito. Para las pymes se torna muy engorroso, ya que es inmensa la cantidad de requisitos que deben cumplir y, por lo general, no les resulta conveniente la tasa de interés que deben de pagar. La Ley de Entidades Financieras es la garantía legal de esa distorsión. Otro caso de restricción crediticia es para la Economía Social. Cuando actores de ese sector quieren acceder a financiamiento para capitalizar su emprendimiento productivo se encuentran con una problemática similar a la de las pymes, e incluso más. En la Ley de Entidades Financieras vigente se definen estrictas limitaciones para el apoyo crediticio a los actores de la economía social.

En el caso de préstamos al consumo sucede algo similar. Los más débiles sujetos de crédito de la economía, los pobres, suelen tener muchas dificultades para acceder a uno, cuando no se torna prácticamente inaccesible. Pero los grupos económicos financieros no se quedan sin ese mercado, que también puede ser rentable. Han surgido millones de pequeñas “expendedoras de crédito” con sólo mostrar un DNI y un recibo de cobro de Plan Social. Producto de esto es ver a millones de compañeros de los barrios súper endeudados y pagando tasas de interés exorbitantes. Esto también es fruto de la Ley de Entidades Financieras vigente.

Lo financiero, como otros aspectos de la economía, no puede quedar en manos del mercado. Algo tan importante para una sociedad como el consumo, el ahorro y la inversión no pueden estar en manos de grupos económicos que definen el otorgamiento del capital. Es imprescindible para profundizar el modelo económico que la Ley de Entidades Financieras sea modificada. Es necesaria una mayor participación del Estado en la planificación de políticas en este ámbito para contar con los elementos necesarios que permitan que esta nueva estructura económica que comienza a surgir se consolide y siga avanzando.

En Argentina, para sostener el crecimiento económico y la inclusión social y para profundizar la distribución de la riqueza, se necesita un sistema financiero que permita que el Estado tenga un rol activo en la definición del consumo, del ahorro y la inversión. Se necesita que la industria tenga crédito para la inversión en tecnología y trabajo, que las cooperativas puedan capitalizarse y crecer desde sus principios solidarios. El primer paso para lograrlo es modificar la actual la Ley de Entidades Financieras

* Socióloga del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (Geenap).