En materia de economías regionales existe un viejo debate entre especialistas sobre cómo deben aplicarse los recursos públicos. Tanto bajo la actual administración, como en las anteriores, se distribuyen fondos nacionales a los circuitos productivos regionales. Un caso paradigmático, entre otros, son los fondos que recibe el sector vitivinícola, que este año alcanzarán los 230 millones de pesos, fondos que se administran a través de la Corporación Vitivinícola Argentina, Coviar, entidad que representa al sector privado y a los estados provinciales involucrados. Pueden citarse también los 50 millones de pesos que este año se destinarán a la fruticultura de pepitas.

El debate por los fondos públicos no es por la transferencia o no de recursos, lo que en general está fuera de discusión salvo en su dimensión cuantitativa, sino por la forma que asumen estas transferencias. Lo que se discute es si los recursos deben tener el carácter de subsidios (sin devolución) o bien, si deben conformarse fondos para financiar (con carácter devolutorio) objetivos específicos, como reconversión productiva, modernización o integración de los eslabones más débiles.

A grandes rasgos, todas las economías regionales de base agraria comparten, como característica común, relaciones asimétricas entre los productores primarios y los eslabones superiores de las cadenas productivas: las de acondicionamiento o transformación y de comercialización. La debilidad de los productores primarios se basa en que, por distintas razones en cada región, son tomadores de precios del eslabón superior en un contexto más o menos pronunciado de oligopsonio: la falla de mercado que se produce cuando hay unos pocos compradores para una constelación de proveedores. Esta situación permite a los eslabones superiores formar precios y, lo que es peor, determinar unilateralmente las condiciones de pago de la materia prima. Comúnmente el resultado es la apropiación diferencial de la renta sectorial.

En este marco, los subsidios estatales suelen funcionar como instrumentos de compensación o contención para evitar o retardar la salida del circuito productivo de los productores más débiles o de los que no pueden adecuar su oferta a los nuevos estándares productivos demandados por el mercado global; muchas veces debido a la citada apropiación diferencial de renta.

La naturaleza de las relaciones económicas, entonces, provoca que los subsidios, cuando no responden a situaciones transitorias y tienen carácter “estructural” por su continuidad temporal, funcionen como transferencias indirectas a las empresas que adquieren la materia prima. Esto es así porque sostienen la sobrevida por fuera de las condiciones de mercado del productor más débil y permiten que las empresas sigan fijando precios que no garantizan la reproducción simple del capital del productor primario. En otras palabras: se mantiene una sobrevida “no sustentable” del pequeño productor, quien siempre dependerá de la continuidad del subsidio.

Si, en cambio, los recursos que aplica el Estado conllevan una devolución, se presupone que en condiciones más favorables que las del sistema financiero tradicional, se consigue un doble resultado positivo. Primero se obliga a que todas las relaciones se establezcan en condiciones de sustentabilidad económica. Segundo, se garantiza la continuidad de los aportes, pues el fondo se retroalimenta.

En términos económicos, y dejando de lado el uso de subsidios bajo situaciones específicas, como desastres climáticos o emergencias sanitarias, el mecanismo preferible de asignación de recursos públicos resulta claro. Sin embargo, la aplicación “estructural” de subsidios presenta también un incentivo especial para los hacedores de política: no sólo son una transferencia indirecta a los poderes económicos locales, sino que constituyen la base de sustentación de los sistemas clientelares. Razón económica y realpolitik viajan aquí por carriles separados

[email protected]