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Existe una cierta prensa, que necesita autodenominarse independiente, que jamás, nunca, critica al verdadero poder, que no es el de los gobiernos, sino el económico. Al menos desde comienzos de la primera administración de CFK, esta prensa puso en el centro de la escena, a través de su uso y abuso, al verbo “embestir”. Así, por ejemplo, si el Gobierno ensaya hacer política económica en materia de comercio exterior, “embiste” contra los importadores y exportadores. Si define políticas para controlar los excesos de los sectores concentrados más rapaces, “embiste” contra las empresas. Si critica o responde críticas opositoras, “embiste” contra la oposición. En el límite, el lector desprevenido podría creer que gobernar ya no es gobernar, sino embestir. Además de su connotación negativa, embestir es también lo opuesto de “consensuar”, el eufemismo con el que estos medios embellecen la sugerencia tácita de transar siempre con los poderes fácticos.

Desde esta lógica, los últimos días fueron ricos en embestidas. A la denuncia de cartelización de las principales petroleras para obtener sobreprecios en las ventas mayoristas de gasoil se la tituló: “Embestida contra las petroleras”. ¿Qué se supone debía hacer el Ejecutivo? ¿No denunciar y “consensuar” que no se cobren sobreprecios? Y, previsiblemente, a las versiones sobre la recuperación de YPF se las tituló: “Embestida contra YPF”.

No obstante, el enojo gubernamental con la firma conducida localmente por la familia Eskenazi llega tarde por dos razones. Primero, porque el daño estructural ya está hecho. Las cuentas agregadas de 2011 muestran que, comparadas con 2003, las importaciones de Combustibles y Lubricantes se multiplicaron de 550 a 9600 millones de dólares, más de 17 veces. Mientras esto ocurría, especialmente a partir de que el Grupo Petersen tomó el control local de la firma, también se multiplicaron las ganancias y la remisión de utilidades al exterior. Así, la “embestida” del Gobierno contra YPF es hoy la necesidad imperiosa de más inversiones para aumentar la extracción a fin de evitar el colapso de mediano plazo en las cuentas externas y el derrame de mayores precios sobre el conjunto de la economía. Y aunque siempre es mejor tarde que nunca, la segunda razón que denota demora gubernamental es que si en este mismo instante se iniciara una catarata inversora, igual se necesitará un tiempo de maduración hasta conseguir una mayor oferta interna de combustibles.

Continuando con las “embestidas”, la misma prensa que desde 2003 se dedicó exclusivamente a funcionar como correa de transmisión de los reclamos empresarios por mayores precios, enarbolados como la presunta panacea para llegar a un siempre potencial boom extractivo sustentable, adelantó esta semana la visita de urgencia a la Argentina de Antonio Brufau, el jefe máximo de la multinacional española. Los trascendidos de estatización habían hecho caer las acciones de la petrolera más del 10 por ciento en Buenos Aires y casi el 4 por ciento en Madrid. Pero el punto que trajo de apuro a Brufau fue más concreto que la volatilidad de las cotizaciones: para Repsol perder su principal pata extractiva sería un desastre y, por más que circulen cálculos onerosos del costo de la filial argentina realizados por bancos españoles, los términos de una virtual estatización no están claros, aunque fuentes gubernamentales descartan que pueda convertirse en un negocio para los actuales propietarios, un riesgo cierto y una opción de mínima para los dueños de hoy.

Lo notable, y éste es el dato central, es que bastaron sólo los rumores de estatización para que la soberbia española se allane a ofrecer lo que hasta ayer retaceaba: invertir para aumentar la producción en vez de exprimir utilidades al extremo, incluso hasta el punto de descuidar el mantenimiento de los yacimientos y la seguridad de los operarios.

La oferta que Brufau le haría en persona a CFK fue adelantada informalmente por fuentes de YPF y contiene implícitamente el reconocimiento de la incompletitud de lo preexistente. La situación es muy incómoda tanto para el Gobierno como para la empresa. Pero frente a la neogenerosa oferta de Brufau las preguntas son inevitables: ¿Entonces se podía invertir más a los precios actuales? ¿Era necesaria la “embestida” gubernamental para motivarlo? ¿Por qué no se “embistió” antes, entonces? ¿Qué canal estaban mirando los funcionarios de la Secretaría de Energía mientras crecían hasta niveles alarmantes las importaciones de combustibles a la vez que se desplomaban extracción y reservas? ¿Hay algún negocio privado en la importación? Son todas preguntas para avanzar en la sintonía fina.

El punto de partida, en tanto, está en algunos datos duros, por ejemplo, en la caída de la extracción de petróleo desde los 43 millones de metros cúbicos en 2003 a los 30,3 millones en los primeros once meses de 2011. Luego, según el documento que el pasado enero acordaron las provincias que integran la Ofephi (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos), entidad que CFK ordenó revitalizar, las provincias se vieron “fuertemente afectadas por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas”. El desplome inversor, señalaron, “no se corresponde con la dinámica del mercado nacional e internacional de estos productos”, o sea con los precios, como siempre se intentó justificar. Para evitar esto, las provincias con hidrocarburos propusieron la firma de un Pacto Federal para reforzar el pedido de mayores inversiones. Las dudas son si es posible resolver estas limitaciones sin un cambio radical en el modelo energético que, con pocas variantes, se mantiene desde 2003 y si la solución puede esperarse de las mismas firmas y las mismas políticas que provocaron el panorama actual

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