La decisión del Tesoro Nacional de renovar su endeudamiento con el organismo público que administra el dinero de las jubilaciones estatales (Anses) demuestra con claridad cuáles son las razones (y por tanto las prioridades oficiales) que han llevado al Ejecutivo Nacional a no “cumplir” con el fallo de la Corte, presentando el aumento del 13 por ciento en los haberes para el 2007 como lo que no es, y seguir postergando en la práctica la actualización y movilidad de los haberes jubilatorios. La decisión oficial implica entender que los recursos que hoy financian la Anses (aportes y contribuciones a la seguridad social más recaudación de impuestos afectados al sistema) no tienen como destino básico la razón para la que fueron recaudados (resolver los problemas previsionales) sino, por ejemplo, afrontar los pagos por deuda pública. Es por esto que en un contexto donde el 77 por ciento de los mayores de la Argentina perciben el haber mínimo o bien no tienen cobertura, la Anses se da el lujo de informarnos en sus cuentas que a octubre del año 2006 dispone, entre inversiones, plazos fijos y saldos, de 9832 millones de pesos. Esta cifra incluye fondos en Caja de Ahorro y Cuenta Corriente por 3665 millones; supone la renovación de una Letra del Tesoro por 2250 millones a tasas inferiores a la inflación (o sea descapitalizándose y subsidiando al Tesoro) e incorpora plazos fijos por 2917 millones. Es decir que en lugar de encarar el replanteo previsional que la Argentina necesita usando los recursos disponibles del sistema con ese objetivo, el gobierno nacional considera que este tema, que hoy podríamos resolver, debe esperar. En simultáneo, la lectura del Presupuesto 2006 vigente al 3 de octubre indica que si bien los pagos por deuda pública originalmente presupuestados fueron 10.413 millones de pesos, los que se terminan realizando ascienden a 12.448 millones de pesos. Queda claro que la renovación del endeudamiento del Tesoro con la Anses financia los mayores pagos por deuda pública (2035 millones de pesos). Las paradojas de la historia indican que si en los ‘90 las restricciones presupuestarias fueron la justificación para la famosa y repudiable Ley de Solidaridad Previsional, donde Cavallo subordinó la evolución de los haberes a los límites del Presupuesto, hoy, en un contexto de disponibilidad de recursos, tampoco los haberes previsionales pueden ser atendidos. Así, los mayores pueden y deben esperar, la Corte Suprema sigue sin respuesta a su fallo, pero la deuda se debe pagar.

Claudio Lozano
Diputado nacional
Miembro de la CTA