El Gobierno ha provocado confusión social ante las noticias de una nueva inflación. Junto a su antifundamentalismo mercadista de los noventa –que comparto–, rechaza los beneficios de la Defensa de la Competencia, tutora del interés económico general de adquirir los mejores productos posibles al menor precio posible y es erróneo.

La ciudadanía, memoriosa de los daños morales y materiales recibidos recurrentemente por aquel flagelo, tanto en economías dirigistas como mercadistas sin control, sabe por la globalización que en los países desarrollados se aportan a la lucha jueces especiales autónomos que sancionan severamente las conductas anticompetitivas y que allí, el Estado castiga en serio a los formadores de precios que abusan de una posición dominante o hacen concertaciones empresarias perjudiciales para el consumidor.

Entonces advierte que los acuerdos de precios del secretario de Comercio y/o del Presidente de la Nación con los empresarios son inocuos y sin sustentación en el tiempo al carecer del imperium que tienen las sentencias judiciales para cumplirse por la fuerza.

Entonces, pregunto:

a) ¿Por qué aún no funciona el Tribunal Nacional Autárquico de Defensa de la Competencia creado por la Ley Nº 25156 vigente desde 1999 y cuya instalación le encomendó al PEN para aplicar sus “disuasivas” sanciones?
b) ¿Por qué ningún fiscal denunció en estos ocho años ese incumplimiento a los deberes del funcionario público, o ninguna ONG de consumidores interpuso amparo judicial para lograrlo?
¡Cuánto perjuicio se hubiese evitado al interés económico general!
Dardo Marchesini
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