¡Otra vez sopa! Me refiero al nuevo escombro campero generado por la elevación de algunas alícuotas de las retenciones a la producción agropecuaria. Todo a pura ideología y defensa de intereses sectoriales que hacen tabla rasa con cualquier criterio de equidad y justicia social. No se trata más que de glotonería capitalista y egoísmo de clase. El valor de cualquier producción debe guardar relación no solo con su costo de producción o su relación insumo producto, sino también con los parámetros macroeconómicos que inciden sobre el conjunto de producciones de diferentes características (agrario, industrial, servicios) y es atributo del gobierno fijar a través de las instituciones del Estado las políticas que aseguren un razonable equilibrio entre las diferentes fuerzas productivas. Por esta exclusiva razón, las retenciones son legítimas, aunque su implementación por el Gobierno no se ajuste totalmente a las mejores pautas para el desarrollo económico y el mejoramiento social. De lo que en última instancia se trata es de no ideologizar las demandas pidiendo vigencia irrestricta de políticas de mercado, sino gestionar poder para exigir normas razonables de convivencia y equilibrio distributivo. Las actuales retenciones a la exportación de commodities adolecen de más de una falla en su administración: 1. No se aplican con igual criterio a los productos de origen agropecuario y a los de origen extractivo, como el petróleo, el gas y los minerales. 2. Someten a una carga mayor a los productores primarios y benefician a aquellos que agregan valor, como es el caso de la industria aceitera argentina. 3. Sirven a una redistribución intersectorial de rentas extraordinarias generadas por políticas macroeconómicas que benefician preferencialmente a algunos sectores y postergan a otros, pero no incorporan una lógica de redistribución intrasectorial, donde el universo de productores no está sometido a iguales resultados, ello, por efecto de una aplicación del gabelo que no contempla las diferente escalas de producción. Claramente la incidencia de las retenciones sobre las diferentes escalas de producción, utilizando una alícuota uniforme, termina ostentando un efecto regresivo que finalmente consolida la tendencia a la desaparición de los pequeños y medianos productores y afecta cada vez más al entorno social de las poblaciones rurales. El gobierno nacional, que ha mostrado sensibilidad frente a otras cuestiones de justicia social, debe incorporar con urgencia mecanismos de redistribución de la renta capturada hacia el interior del sector para invertir en un agro que, lejos de sostenerse en la concentración del capital y la tierra, lo haga apuntalando la sustentabilidad social y el desarrollo económico de los sectores más vulnerables de nuestro territorio interior.

Ing. Agr. Juan Carlos Pavoni
presidente de Alteragro,
Asociación Civil
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