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Texto de la declaración emitida por el H. Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata en su sesión ordinaria del día 18 de abril de 2012

Entendemos que declarar de interés público la producción, comercialización y distribución de hidrocarburos para garantizar el desarrollo con equidad social y recuperar YPF, en tanto empresa estratégica para tal fin, es mucho más que un mero acto restitutivo realizado por el Estado argentino de los bienes enajenados en una etapa de nuestra historia, sino que debería constituirse en un acto inscripto en el marco de la construcción de la soberanía nacional, para la consolidación de una política de Estado en relación al manejo sustentable de recursos naturales estratégicos.

Para dar continuidad a la etapa de crecimiento productivo sostenido en la última década, es preciso reconfigurar el mapa energético a fin de garantizar su sustentabilidad y para ello se hace necesario –entre otras cosas– enfrentar y poner límite al proceso de desinversión realizado por empresas como Repsol en este recurso estratégico que constituyen los hidrocarburos. Es que la evidencia da cuenta de que este grupo empresario con su accionar contribuyó a transformar a la Argentina en un país inviable energéticamente, no por la falta de recursos naturales, sino por la ausencia de inversiones por su parte. A esto debe sumarse la recuperación, por parte del Estado, de un rol activo y con capacidad para intervenir en la definición y gestión de la estrategia de desarrollo económico y social, en el marco de la crisis capitalista mundial.

YPF representó un negocio inmejorable, ya que las grandes inversiones en exploración, reservas y desarrollo las había hecho el Estado. El combustible que se sacaba de nuestro suelo no era visto como una herramienta para desarrollar nuestra riqueza, sino como un producto de exportación que se vendía sin sumarle ningún tipo de valor agregado, no era prioritario producir petróleo sino obtener ganancias a costa de la destrucción de una empresa estratégica para el desarrollo de un país. Resulta evidente que la racionalidad microeconómica de la empresa se contrapone con el interés general de la Nación.

En la situación energética actual, adherimos a la iniciativa que propicia que el Estado nacional y los estados provinciales definan su política de seguridad energética y accedan a un efectivo control de nuestros recursos naturales y de las empresas que los explotan, en función del interés nacional, ya que sin soberanía energética no existe posibilidad de de-sarrollo autónomo con justicia social.