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La estatización de la mayor parte del paquete accionario de YPF es en primer lugar una decisión de profundo sentido político. La privatización de esta empresa en los años ’90 marcó una suerte de hito. Fue algo que mostró la decisión con la que se emprendieron las reformas en el período neoliberal. Fue llegar a un punto al que no arribó entonces ningún país en el mundo. No se trató solamente de privatizar la producción de hidrocarburos, sino también de des-involucrar al Estado de esta actividad. El sector de hidrocarburos pasó a ser uno más, como el de acero o el de caramelos.

La relación de este gobierno con el sector de hidrocarburos no fue plácida. Esto no es parte de su forma de vínculo con el sector privado en general. Pero, en lo esencial, se mantuvo la apuesta por la inversión privada. La creación de Enarsa a la postre no representó un cambio sustantivo en este panorama.

La expresión más clara de esta continuidad de políticas fue la adopción de los planes Petróleo Plus y Gas Plus, que apuntaban a pagar a precio internacional la producción proveniente de nuevas reservas; una medida correcta en lo conceptual, aunque quizá demasiado dadivosa en términos de renta.

Pero estos planes no significaron una inflexión en la tendencia decreciente de la producción hidrocarburífera. Luego de reducirse a una tasa de casi 2 por ciento anual entre 2007 y 2010, se contrajo en 2011 en más de 6 por ciento; en menor grado, esto ocurrió con el gas. Así fue como la Argentina entró en déficit energético por un monto de cerca de 3000 millones de dólares en ese año. Para mostrar que a veces la mala suerte acompaña a las desgracias, el precio del crudo se incrementó en 2011 en cerca del 40 por ciento, y el del gas natural licuado un fenomenal 65 por ciento. El monto del déficit habría sido del orden de 1800 millones de dólares de haberse mantenido los precios de 2010.

La apuesta a la inversión privada, en un marco de estímulo selectivo de precios, no tuvo éxito y el Gobierno suspendió en febrero de 2012 la aplicación del Plan Petróleo Plus (aunque no del Gas Plus).

Esta decisión –que en parte puede haber sido motivada por razones fiscales– fue por cierto el preludio de lo que vendría después: la estatización de YPF. El argumento utilizado fue el protagonismo de esta empresa en la caída de la producción petrolera: si en 2007 participaba con el 37 por ciento de la producción total, en 2011 sólo aportó el 34. Más de la mitad de la caída ocurrida entre ambos años es imputable a YPF.

Es importante preguntarse qué es lo que viene ahora.

La situación del sector hidrocarburífero, en lo que se refiere a su institucionalidad, es radicalmente diferente de la existente en la década del ’80. Hoy las provincias tienen el dominio originario de los recursos (excepto los de la plataforma continental), y varias empresas privadas explotan yacimientos bajo concesiones provinciales. No hay espacio abierto, en principio, para la “gran YPF” que supo existir. Es necesario definir un modelo institucional y de operación de aquí en más, acorde a la nueva realidad del sector. Tal modelo podrá ir desde ser “una petrolera más” hasta tornarse una particular combinación de entidad pública y privada, con capacidad rectora sobre el sector, como supo serlo décadas atrás.

Por otro lado, lo referido a la disponibilidad de nuevas reservas y a la posibilidad de una expansión sostenida de la producción hidrocarburífera constituye una incógnita. La fuerte suba de precios de los hidrocarburos a nivel internacional (el barril de petróleo cotiza cinco veces más que hace 10 años) debería haber renovado el interés de las empresas petroleras para la prospección de reservas en cualquier área con antecedentes en esta materia. Este no parece haber sido el caso de la Argentina. La propia asociación de Repsol con capitales locales, algunos años atrás, no fue sino un reflejo de la decisión de buscar otros horizontes considerados más favorables. La Argentina –se ha repetido hasta el cansancio– fue siempre un país “con petróleo y gas”, no un país “petrolero/gasífero”. En el caso del gas, hubo un solo hallazgo (Loma La Lata) que podría llevar a pensar lo contrario, pero sus reservas efectivas se han reducido considerablemente. El declive de la producción petrolera, del orden de 35 por ciento desde 1999, no es solo imputable a YPF Repsol.

La cuestión crucial para el sector de hidrocarburos pasa entonces por delinear las expectativas razonables en cuanto al potencial de nuevos hallazgos. Todos los anuncios de incrementos de reservas hacen referencia a yacimientos de exploración costosa (shale gas y shale oil), sobre la que además existe relativa experiencia.

¿Aporta algún punto de referencia la ley de expropiación del paquete accionario en poder de Repsol?

En su primer título, seis artículos se refieren al sector hidrocarburífero en general. Allí se declara de “interés público nacional” al sector, como así también al logro del autoabastecimiento. Se incorpora además un conjunto de políticas. Ellas apuntan a la expansión del sector de hidrocarburos en cuanto “factor de crecimiento y desarrollo económico”, mediante asociaciones público-privadas. Se propende a la expansión de la actividad e incluso a “la obtención de saldos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos” a través de una explotación racional y sostenible.

Este enunciado se encuentra además sujeto a reparos:

1. No se explicita el principio de incremento de la eficiencia energética, una temática en la que Argentina se encuentra en un estadio inicial.

2. Se pretende alcanzar nuevamente una situación exportadora neta que contribuya al equilibrio externo. Pero esto constituyó un error capital de la década del ’90, cuando la Argentina dilapidó reservas en exportaciones de petróleo y gas, en un país que, como dijimos, no es ni petrolero ni gasífero. Más allá de ser una utopía en las condiciones actuales, se trata de un propósito incorrecto.

3. Se da centralidad al objetivo de autoabastecimiento cuando todavía no está probada la capacidad de la Argentina de lograrlo. Al respecto debe señalarse que el déficit energético no es sinónimo de crisis energética, sino que representa un requerimiento para la cuenta corriente externa que habrá que subsanar. Lo que la Argentina requiere es una posición sustentable en su sector externo; y si logra abastecer una parte importante de sus necesidades energéticas, tanto mejor.

4. No existe mención alguna a la temática ambiental. Una omisión que resulta imperdonable habida cuenta de los numerosos conflictos que acarrea la explotación de hidrocarburos, un tema donde Repsol ha tenido un lugar de dudoso privilegio.

Una eficaz y realista política petrolera, y un diseño adecuado de YPF a ese propósito, es el modelo para armar de aquí en más en el sector de hidrocarburos. La estatización de YPF es un primer paso al que deberán seguir otros

* Economista Cespa-FCE-UBA.