Carta dirigida a funcionarios del Gobierno;

Me dirijo a Uds. en mi carácter de presidente de la Cámara de Empresas Tasadoras de la RA (Cetra), aunque en esta ocasión lo hago a título personal, para hacerles llegar algunas inquietudes, en función de colaborar y/o informar de cuestiones que, si bien son conocidas por ustedes, aportan al conocimiento y análisis de la situación vinculada a ProCreAr. He realizado una encuesta entre peritos tasadores (ingenieros, arquitectos, martilleros) de todo el país afectados a la operatoria de ProCreAr; contestaron la misma más de 140 profesionales, y de este relevamiento surgieron algunas inquietudes y sugerencias. El plan ProCreAr funcionó diríamos normalmente hasta que el Gobierno lanzó la etapa de los créditos para la compra de viviendas a estrenar y terrenos y, en estos últimos, la construcción de la ansiada vivienda propia, para lo cual sugirió a los “sorteados” concurrir a la inmobiliaria del lugar; a su vez, convocó a una reunión a la CIA (Cámara Inmobiliaria Argentina) y unas 170 inmobiliarias para que abrieran registro de los lotes que tuvieran en existencia y los que los poseedores de los mismos quisieran vender. Técnicamente fue un camino lógico, natural, pero ¿se tuvo en cuenta que el inmobiliario se maneja de acuerdo “al mercado”?, a la libre “oferta y demanda”? El inmobiliario es un asesor y productor, entre otras cosas, de los valores a solicitar. Sin embargo, creo que en esto hay que apuntar un poco más alto, pues, qué casualidad que se fijó un valor para la compra de los terrenos y viviendas, y éstos, ahora, superan todos el valor que se otorga, escudándose en la “oferta y demanda”, el “mercado” o la “devaluación”, o sea, apostar al fracaso del plan o al lucro especulativo desmedido de un mercado oligopólico. Las inmobiliarias aseguran que desde que se lanzó ProCreAr el valor de la tierra subió un 20 por ciento, pero lo más aberrante es que la municipalidad, pese al convenio de la provincia de Buenos Aires, sigue cobrando los derechos de construcción para planes ProCreAr, promedio 65 pesos por m2 en obra nueva.

¿Estos hechos podrían sumarse como argumento al plan de desestabilización? Algo parecido sucede con los materiales de la construcción. Por último, los acuerdos de precios que se hacen por arriba, ¿funcionan sin un control del Estado? Además, ¿las autoridades (provinciales, municipales) colaboran? Hay lugares en que sí, pero no mucho, ni con iniciativas creativas.

Propuestas:

1) Que la Anses, que está bastante diseminada por el país –sus seccionales– convoque a los sorteados, que se constituya un “unidos para lograr el ansiado lote a precios razonables” (de ser necesario podrían contar con el asesoramiento de empresas tasadoras, que están al margen de la operatoria de compraventa inmobiliaria), que se haga como en algunos municipios, especialmente de la provincia de Buenos Aires, con algunas réplicas en Santa Fe, Entre Ríos y Salta, en que se expropia una estancia al valor fiscal, por cuyo valor (el fiscal) los dueños pagaron toda la vida los impuestos.

2) Crear cuerpos de inspectores municipales con presencia regular en los puntos de venta de materiales para la construcción, verificando y coordinando el normal suministro y venta.

3) Que el municipio o la Anses designen a algún funcionario a los efectos de detectar lotes o loteos que, aunque no se encuentren en zona muy habitada, estén en condiciones de urbanizarse, con el acuerdo de los interesados.

Carlos Schnek

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Presidente de Cetra