La experiencia argentina no es la única que muestra los muy serios problemas que genera la privatización del sistema jubilatorio. Contrariamente a lo que propagandizan sus apologistas, el régimen de capitalización previsional tampoco funcionó adecuadamente en Chile. Un organismo tan insospechadamente antiprivatista como el Fondo Monetario Internacional acaba de publicar un trabajo evaluatorio sobre los primeros veinticinco años del caso chileno que refleja una actualidad preocupante y un horizonte tormentoso.

Además de pionero, el modelo chileno fue la base de inspiración para la reforma que aplicó el menemismo hace diez años. Las administradoras privadas trasandinas manejan fondos por casi 60.000 millones de dólares, una cifra que triplica los recursos acumulados en las AFJP locales y que equivale al 60 por ciento del Producto Bruto chileno.

La primera crítica que señala el documento del FMI es el alto costo de las comisiones: “Dada la insuficiente competencia, los costos de administración permanecen altos (...) en un equivalente aproximado al 2 por ciento del salario y tiende a ser mayor aún para los trabajadores de menores ingresos”. Aseguran los propios técnicos del Fondo que esos costos deberían bajar no menos del 25 por ciento. El cuestionamiento realza la gravedad de lo que sucede en la Argentina en ese aspecto, ya que según el último informe de la Superintendencia de AFJP, el costo promedio del sistema local se come el 2,62 por ciento del salario, con un máximo que trepa a casi el 3 por ciento.

En segundo lugar, el tan elogiado éxito chileno en la materia ha dado lugar a jubilaciones que equivalen en promedio a la mitad del salario del beneficiario, lo que se aleja bastante de los objetivos y las promesas que en su momento se plantearon tanto allí como acá. Cabe recordar el 82 por ciento móvil que operaba en la Argentina como parámetro antes de la privatización, o las estimaciones oscilantes entre el 70 y el 80 por ciento del sueldo en actividad que ventilaban sus impulsores cuando se discutía el proyecto privatista diez años atrás.

Chile tampoco está al margen de lo que en la Argentina es uno de los principales problemas y la mayor hipoteca del régimen privado, que es la falta de cobertura. Contra los que aseguraban que la cuenta individual iba a incentivar el cumplimiento en los aportes, el documento del FMI sostiene que “los reformadores de las pensiones de Chile han sido demasiado optimistas al creer que los trabajadores ahorrarían para su jubilación. El sistema se diseñó partiendo del supuesto de que la mayoría cotizaría durante más de las dos terceras partes de su vida activa, pero la realidad es que la mayoría sólo cotiza la mitad de este tiempo. Por lo tanto, más de un millón de cuentas (15 por ciento del total) tienen un saldo inferior a 175 dólares, y la cuenta media es de apenas 3.000 dólares, por lo que muchos podrían alcanzar la edad de jubilación sin tener suficientes activos”. Esto se disimuló durante los primeros tres quinquenios gracias a la altísima rentabilidad que obtenían las administradoras chilenas, en parte debido a los extraordinarios rendimientos de los títulos en los que invertían y también como fruto de las ganancias de capital que realizaron comprando y vendiendo empresas públicas que se privatizaban en la región, muchas de ellas en la Argentina. Pero la rentabilidad bajó a la mitad a partir de 1998. La inestabilidad en los aportes provoca que una porción considerable no alcance a cumplir el mínimo de 20 años de requisito para acceder a lo que allá se conoce como Pensión Mínima Garantizada (PMG) que paga el gobierno. Según el trabajo del Fondo, el 25 por ciento de los hombres y el 50 por ciento de las mujeres sólo tienen diez años de aportes al finalizar su vida activa. “Muchos jubilados podrían verse privados de la ayuda del gobierno al no haber cotizado el tiempo suficiente”, dice el estudio.

En la Argentina la situación y el panorama son mucho peores. Si bien el último año el número de aportantes regulares creció un 15 por ciento, se llegó a tan sólo 4,2 millones, contra un total de afiliados de 10 millones y una población económicamente activa de más de 15 millones.

Lo mismo en Chile que acá, el incumplimiento de los trabajadores autónomos es abrumador, y constituye un problema sin solución a la vista.

Para remendar los agujeros del régimen chileno, el Fondo recomienda, entre otras cosas, elevar la edad jubilatoria, aligerar los requisitos para acceder a la PMG y reforzar la partida presupuestaria para esto último.

Podrá discutirse el qué, el cómo y el cuándo (ver Cash del domingo pasado), pero es obvio que si el Fondo aconseja cambios para el caso chileno, la Argentina los necesita con mucha mayor urgencia. Sin embargo, el Gobierno sigue mirando para otro lado, pagando el precio acordado para que las AFJP acepten sin chistar la quita en los títulos de una deuda externa que ellas mismas contribuyeron a engordar.