Tal vez inspirado en la célebre frase del escritor inglés del siglo XIX Thomas Carlyle, que calificó la economía como “ciencia lúgubre”, la denominación de una de las mejores weblogs nacionales dedicadas a la materia (en realidad son escasas) es La ciencia maldita, editada por el economista e historiador Lucas Llach, hijo de Juan José, el ex ministro de Educación de la Alianza y mano derecha de Domingo Cavallo. A contramano del reclamo de la clase trabajadora mejor remunerada (o no del todo mal paga, si se prefiere) y al revés de la opinión mayoritaria de contadores y economistas, esa weblog se manifestó en contra del aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias que el Gobierno está obligado por la Ley de Presupuesto a ejecutar antes de que finalice abril. La provocación tiene su fundamento en “que alguien que gane 3 lucas ponga 50 pesos no me parece nada escandaloso, y me gusta como promoción de la cultura tributaria”. Las cifras son incorrectas y por lo tanto algo engañosas, debido a que el que gana 3000 pesos paga más del doble que lo señalado y, en segundo lugar, porque el piso a partir del cual se grava el salario es bastante inferior a las 3 lucas, Lucas.

No obstante, al margen de esos errores, la oposición de La ciencia maldita a la suba del mínimo no imponible no es del todo descabellada si se considera otro de los argumentos que fueron tomados por esa weblog del centro de estudios Cippec: según sus datos, con los actuales y desactualizados pisos para Ganancias de la cuarta categoría, el 93 por ciento de los asalariados queda afuera del tributo, es decir que sólo pagan 7 de cada 100. Así planteado, el esquema vigente luce razonablemente equitativo. Pero sucede que es tanto el nivel de concentración de ingresos, que dentro de los aproximadamente 500.000 asalariados que ahora están gravados hay muchos que ganan 2000 y pico de pesos. Un dinero que para un beneficiario del Plan Jefas y Jefes es una fortuna, pero que a una familia tipo apenas le alcanza para sobrevivir como clase media.

La página cibernética observa atinadamente que “en países serios este tipo de decisiones tributarias da lugar a un gran debate”. Y sugiere como política alternativa que, en lugar de resignar ingreso fiscal elevando el mínimo de Ganancias, se baje el IVA a la canasta básica por un monto equivalente (algo así como 500 millones de pesos).

Respuesta 1: ¿Por qué plantearlas como medidas excluyentes? ¿Acaso no hay holgura fiscal suficiente para ambas cosas? ¿O será que se coincide con el Gobierno en el miedo a recalentar la demanda por la vía del consumo de la clase media baja?

Respuesta 2: Por supuesto que todo puede ser objeto de debate, tanto la conveniencia de elevar el mínimo no imponible de Ganancias como la magnitud de la modificación y, obviamente, nunca está demás evaluar otras alternativas. Pero si de debatir sobre equidad tributaria se trata, habría que mirar el contexto y comenzar discutiendo temas mayores, como por ejemplo las desgravaciones a la renta financiera y a las ganancias de capital.

Volviendo al tema de la temperatura de la demanda y los temores a la inflación por la vía de los ajustes salariales, el Gobierno lanzó a rodar como pauta indicativa para las próximas paritarias un 20 por ciento de aumento como máximo. El porcentaje quizás esté basado en el siguiente razonamiento: si los pronósticos sobre el Producto Bruto Interno para el año apuntan a un 7 por ciento y la inflación esperada, a 13 por ciento, eso significa que la economía engordaría nominalmente un 20 por ciento (sumando el efecto de las cantidades y el de los precios), de lo que se desprende que los ingresos empresarios aumentarían en promedio en esa proporción. Cabe observar que en ese esquema la distribución funcional del ingreso entre trabajadores y capitalistas quedaría igual que ahora, lo que a decir verdad no es como para descorchar ni un vino tinto.

Claro que hay otros que están muchísimo peor y ajenos a estos temas.

La suba del mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia afecta –como ya se vio– al bolsillo de no más que medio millón de personas, y las negociaciones colectivas próximas les interesan a Hugo Moyano, al resto de los caciques sindicales y a un universo de asalariados que está lejos de ser mayoría. Según los últimos registros de la Superintendencia de AFJP, hay solamente alrededor de 4 millones de trabajadores con aportes, que es un buen dato para aproximarse a la cantidad de empleo formal. Muchos más millones están al margen de esa discusión, ya que laburan en negro y sin paraguas gremial o porque directamente no tienen empleo.