Luego del buen resultado de mayo, hay por lo menos dos proyecciones (Banco Francés y la consultora Finsoport) que ubican la inflación de junio en torno del 0,6 por ciento, y ya hay varios pronosticadores que han comenzado a corregir hacia abajo sus vaticinios para todo el año. Se llegaría de esta manera a diciembre con un nivel de precios al consumidor que ni siquiera alcanza a duplicar el costo de la canasta de fines del 2001, lo que confirma que el actual caso argentino es sin duda uno de los más exitosos en términos del costo inflacionario de una megadevaluación: el llamado traspaso a precios de un aumento del tipo de cambio de 210 por ciento no llega a la mitad. Eso se logró gracias a una política fiscal extremadamente conservadora (con sus consecuentes víctimas), a un buen manejo de la política monetaria para neutralizar la expansión provocada por el excedente de divisas derivado del extraordinario contexto internacional, a una hábil política de ingresos, y por último también a los controles y acuerdos que con diferentes y polémicos estilos enhebraron Felisa Miceli y Guillermo Moreno.

Pero la relativamente baja inflación también se consiguió con un descomunal costo fiscal en materia de subsidios destinados a compensar por ejemplo el congelamiento de un servicio básico y de fuerte incidencia en la canasta como es el transporte. Son los subsidios que insumen una porción considerable de los fondos fiduciarios que financian el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT). El estudio más completo sobre el tema lo elaboraron Rubén Lo Vuolo y Fernando Seppi (Los fondos fiduciarios en la Argentina: la privatización de los recursos públicos) con el auspicio del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). De acuerdo con ese trabajo, en el cuatrienio 2002-2005, el SIT absorbió 2621,5 millones de pesos, de los cuales 1747 millones fueron para el sistema de autotransporte de pasajeros.

Más allá de lo razonable y socialmente justo que resulta apelar a subsidios para mantener barato el transporte público, no hay duda de que alguna porción no menor de ese costo es, como mínimo, despilfarro. Por la sencilla razón de la arbitrariedad y falta de control en la asignación y en la rendición. La irregularidad fue puesta otra vez en la agenda pública días atrás por parte de la Auditoría General de la Nación, que ya había señalado lo mismo el año pasado. A conclusiones similares a la AGN llegaron en el citado estudio de Ciepp finalizado en abril pasado. Lo Vuolo y Seppi advierten que en esencia “los fondos fiduciarios tienen objetivos que pueden alterarse a gusto del poder político de turno... y se prestan a la falta de información, control y transparencia”.

Los economistas, al igual que la AGN, no objetan la aplicación de subsidios sino su canalización a través de los fondos fiduciarios en lugar de hacerlo expresamente por medio del Presupuesto. Tanto en los informes de la AGN como en el trabajo de Ciepp está latente la sospecha de corrupción y capitalismo de amigos, para usar el neologismo lavagnesco. Y ya que aparece el ex ministro y dubitativo candidato, vale recordar que Lavagna avaló con su firma varios decretos de necesidad y urgencia que le dieron forma a tan desprolijo mecanismo.

Volviendo al “positivo comportamiento de los precios”, según admite el diputado y economista de la CTA, Claudio Lozano, él mismo apunta que sobre esa base “el tema central a asumir es la recomposición del poder adquisitivo de la población, evitando que la estrategia antiinflacionaria se transforme en un corset de ingreso para la mayor parte de la población”. Traducido, quiere decir que la política fiscal no anule toda posibilidad de emplear políticas expresamente redistribucionistas, que a su juicio es la única manera de facilitar bienestar básico para los que hoy no lo tienen. Un enfoque similar surge de un trabajo sobre distribución del ingreso elaborado por Alejandro Peyrou y Hernán Neyra. Para ambos, el crecimiento y la recuperación del salario real de los trabajadores privados del sector formal –debida en parte al control de la inflación– es insuficiente por demás para mejorar la situación del resto. Sostienen que “en momentos como éste, de discusión salarial, habría que tener presentes dos cosas: primero, que cambios en la distribución del ingreso no son lo mismo que incrementos salariales; y segundo, que los incrementos salariales no afectan significativamente a los que no tienen trabajo o lo tienen en negro”. Se podría agregar en la última lista a la mayoría de los empleados públicos.

Peyrou y Neyra abogan por mantener las políticas de asistencia social focalizadas, por la prestación de “bienes públicos como educación y salud como forma eficiente de mejorar la distribución”, pero aclaran que eso requiere que el gasto sea cubierto “con estructuras impositivas mejores que las actuales”.

Alberto Abad, titular de la AFIP, habló el miércoles pasado de la necesidad de una reforma tributaria en ese sentido. No depende de él sino de la voluntad política de Felisa Miceli y, obviamente, Néstor Kirchner.