La cuenta regresiva para la convertibilidad comenzó cuando como espejo de la caída en la cotización de los títulos públicos, el riesgo país se ubicaba en torno de los 1000 puntos a fines del año 2000, que luego llegaron hasta más de 6000 con la cesación de pagos decidida por el presidente Adolfo Rodríguez Saá y aclamada por la Asamblea Legislativa. En estos días el riesgo país está por perforar el piso de 300 puntos, que es el nivel mínimo desde el default y similar al de nueve años atrás, antes de que comenzara la recesión. Las razones son múltiples: la deuda externa normalizada y con una fuerte quita que alivia el horizonte de pagos en divisas, la solvencia fiscal, y un contexto internacional extraordinariamente favorable que mantiene superavitaria la balanza comercial y hace que al menos una pequeñísima parte de los excedentes financieros de petrodólares o de alguna otra fuente se destine a la compra de títulos públicos de las economías llamadas emergentes. Pero resulta que justo ahora que el riesgo país es record por lo bajo, el indicador ha perdido mucha de su otrora determinante importancia.

El informe del martes pasado del banco de inversión Morgan Stanley se titula América latina: repensando el riesgo país, y entre otras cosas afirma: “A medida que la deuda externa de los mercados emergentes va desapareciendo, es tiempo de repensar el riesgo país. Durante la década pasada, cuando se les preguntaba por el riesgo de un país, la mayoría de los especialistas y pronosticadores respondían en referencia a la calificación de la deuda soberana... Pero ahora que la deuda externa está perdiendo terreno, los tradicionales indicadores de calificación crediticia son menos relevantes”. El artículo de Gray Newman y Daniel Volberg ilustra lo que ellos describen como deuda externa en vías de extinción con, por ejemplo, los casos de Argentina y Brasil que cancelaron todos sus pasivos con el FMI por 9500 y 15.500 millones de dólares, respectivamente, y también con el reciente anuncio de México respecto a una cancelación de su deuda externa por 12.000 millones de dólares.

Con la brújula simple y contundente del riesgo país inutilizada por la realidad, los analistas desorientados precisan de instrumental sustituto, y en el caso de los economistas de Morgan Stanley “hemos creado nuestro primer set de microrradares” para complementar a otros radares que venían observando para evaluar el riesgo crediticio. En el set de microrradares figuran el grado de dificultad para emprender un negocio, para emplear trabajadores, la presión tributaria, la legislación sobre quiebras, el respeto a los contratos, etc. En resumidas palabras, esos microrradares intentan objetivizar lo que hasta hace poco se conocía como “seguridad jurídica” y últimamente es mencionado como “clima de negocios”. El informe de Morgan Stanley señala que esos microrradares muestran a América latina como la región que peor ranquea entre las de mercados emergentes, y cuyos mayores problemas son “la alta carga impositiva y la falta de respeto oficial a los contratos y a la actividad empresaria”. Reconocen que en la región hay heterogeneidad, y exaltan a Chile como el mejor alumno y a Brasil como al peor. La Argentina no es particularmente calificada, aunque no hay mucho margen de error para arriesgar que no la deben considerar por arriba del promedio. El puntaje debe estar teñido por la misma aversión que tienen los que localmente se quejan de esas cuestiones, y las apuntan como culpables de una supuesta insuficiencia generalizada de inversiones.

Es asimismo llamativo que incluso después de cuatro años de altísimo crecimiento y sobradas muestras de extremada prudencia y conservadurismo fiscal y monetario por parte del Gobierno, se sigan escuchando encendidas advertencias sobre la sustentabilidad macroeconómica. Sin llegar a personajes extremos, está el ejemplo de la consultora Economía & Regiones de Rogelio Frigerio, que en su último informe sostiene que “mantener el superávit primario en torno del 3,5 por ciento del PIB exige que las erogaciones del sector público no se incrementen más allá de la inflación, lo cual implica que el Estado abandone el rol de incentivar la demanda agregada mediante la expansión real del gasto, para dejarle esa responsabilidad al sector privado”. Es como mínimo un análisis tuerto, que sólo repara en el gasto como variable de ajuste y deja cristalizada la estructura y la lógica de los ingresos.

A propósito, cuánto más margen habría si la Argentina pudiera contar con los abundantes ingresos que le deja al buen alumno chileno el extraordinario aumento de las materias primas. La estatal Corporación del Cobre (Codelco) anunció ganancias semestrales por 4625 millones de dólares, el doble que en igual período del año pasado. Aquí no sobra cobre pero (por ahora) sí petróleo y derivados, que como se sabe es un negocio privado porque Menem lo hizo.