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En el suplemento Cash del 10 de abril pasado afirmábamos que en el país hay inflación, no sólo reacomodamiento o dispersión de precios; también se decía que no es un proceso desbordado como lo fuera en los ’80 y ’90.

Se señalaba que ninguna de las variables económicas sobre las que cualquier gobierno puede operar –tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, gasto público, emisión descontrolada, incluso la deuda– están influyendo decididamente en la coyuntura. Por el contrario, las causas hay que buscarlas en las contradicciones al interior del sistema del capital y, más allá de errores de diagnóstico y controles fallidos del gobierno nacional, son los capitalistas y no otros quienes remarcan los precios. La lupa entonces debe enfocarse en la concentración económica, en el selecto grupo de empresas y corporaciones que controlan los mercados y son formadoras de precios. En las altas tasas de ganancias de que gozan en todo este período las diversas ramas de la economía. En el déficit de oferta por la escasa inversión reproductiva y en la presión del mercado mundial, particularmente por el alza de materias primas y productos energéticos.

Si el diagnóstico es correcto, sobre estas variables debe operar el necesario programa antiinflacionario, que debe combinar una fuerte presencia del Estado con un también fuerte protagonismo social. Un programa que contemple una primera etapa destinada a frenar abruptamente el alza de precios, luego una segunda que impulse transformaciones de fondo para sostenerla.

Las políticas de intervención inmediata serían las siguientes:

- Plena vigencia de la Ley de Abastecimiento de 1974. Reponer la vigencia de esta ley es central, ya que habilita al Estado a desenvolver políticas activas de intervención en los mercados.

- Eliminación del IVA a los artículos de primera necesidad, lo que debe constituir una rebaja efectiva e inmediata de los precios de esos productos al consumidor. La pérdida de ingresos fiscales puede ser compensada revisando las políticas de subsidios y de exenciones impositivas que en conjunto más que duplican los pagos de la deuda.

- Establecimiento de precios máximos a los productos que componen la canasta familiar.

- Centros Populares de Distribución en barrios y poblaciones carecientes.

- Control de la estructura de costos, en las empresas formadoras de precios, tanto en la producción como en la distribución y comercialización. Este conocimiento permitirá al Estado transparentar las ganancias empresarias y fijar criterios de razonabilidad en los márgenes de rentabilidad, tal como lo prevé la Ley de Abastecimiento.

Estas medidas deben ir acompañadas por el impulso estatal a la participación de los ciudadanos, tanto en su carácter de productores como de consumidores. En las empresas formadoras de precios, creando Comisiones de Trabajadores que colaboren en el control de costos y márgenes de beneficio. En los barrios, Comisiones de Consumidores que garanticen que los productos lleguen a los Centros de Distribución en cantidad, calidad y a los precios establecidos.

Las Políticas de implementación gradual serían las siguientes:

- Avances en la desvinculación de los precios locales de los internacionales. Las retenciones juegan un papel pero resultan insuficientes, dada la situación de la demanda mundial y el alza del precio de los alimentos. Se trata de recuperar funciones reguladoras del Estado en el Comercio Exterior.

- Implementar una reforma tributaria que rompa con la regresividad actual. También que tienda a la eliminación o reducción gradual del IVA, que ponga el acento en las alícuotas de Ganancias; en el impuesto a los Bienes Personales, que muy pocos pagan; en las rentas financieras hoy exentas; en reponer el impuesto a la herencia; en reducir la evasión y las actividades en negro.

- Orientar la acumulación de capitales hacia el sector productivo y áreas estratégicas. Si el capital privado no proyecta grandes inversiones reproductivas, sólo acompaña tardíamente la demanda, y el sector público no radica inversión en sectores estratégicos, el desarrollo del país queda estrangulado, seguirá el crecimiento por estimulación al consumo y por exportaciones y la inflación resurgirá una y otra vez por restricción de oferta.

- Una nueva Ley de Entidades Financieras y la demorada reforma de la Carta Orgánica del BCRA son instrumentos necesarios para movilizar fondos ociosos en poder de los bancos y orientarlos a inversiones en los sectores productivos. El Estado finalmente deberá tomar en sus manos sectores estratégicos como energía y ferrocarriles, para brindar un servicio eficiente y abaratar efectivamente los costos de producción y transporte.

La inflación es un problema político y como tal debe ser enfrentado.

* Integrante del colectivo EDI - Economistas de Izquierda.