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El proyecto oficial de “reparación histórica” a los jubilados fue presentado con el declarado doble objetivo de resolver la alta litigiosidad de la seguridad social y reparar los derechos vulnerados de los jubilados. Aunque la ley recibió merecidísimas críticas, pocos han cuestionado su eje principal, el objetivo de “reparar a los jubilados”, que hacía de contrapeso a las muchísimas desprolijidades del proyecto, usado incluso como excusa para un blanqueo de capitales y una reforma tributaria regresiva.

Siendo los derechos de los jubilados un tema socialmente muy sensible, resulta políticamente incorrecto discutir la importanciadel noble objetivo de ocuparse de la reparación histórica de los jubilados. Sin embargo, la legitimidad de reparar determinados derechos vulnerados no debería llevar a desconocer el debate político en el que dicho reconocimiento se enmarca, que es el de las prioridades establecidas, en materia de derechos y protección, para tomar acciones referidas a la seguridad social e invertir sendos recursos en una y no en otra medida.

Porque aunque la falta de esa “reparación” vulnere derechos, ello no deja de competir con otro problema también ligado a los derechos y calidad de vida de los adultos mayores, que es el cobro de jubilaciones mínimas insuficientes por parte de millones de viejos cuyos haberes no recibirán reparación. Y que, con esta nueva ley, son aún más bajas para aquellos que accedan a la seguridad social sin haber completado los aportes (porque a diferencia de las moratorias, la pensión universal que se implementaría no implica acceder a una jubilación mínima, sino a una pensión equivalente al 80 por ciento de la jubilación más baja).

Se calcula que el proyecto de reparación puede alcanzar a 2,4 millones de jubilados, que son un tercio del total. Para ellos, además del pago de retroactivos cuando corresponda, que supondrá un desembolso enorme pero por única vez, habrá un incremento del haber cobrado, que irá desde sumas casi insignificantes hasta ajustes del 45 por ciento. Cuando advertimos que muchos de los jubilados beneficiados no cobran la jubilación mínima, y que de hecho los aumentos más generosos favorecerán a los jubilados de clases más altas, surge el interrogante sobre qué es más urgente: ¿una antigua deuda con los derechos de movilidad jubilatoria vulnerados desde hace años o que la seguridad social garantice a todo adulto mayor una calidad de vida digna?

La realidad es que, reemplazando la emergencia en litigiosidad por la emergencia en calidad de la seguridad social, y con el mismo dinero que se calcula que se van a elevar las erogaciones de la Anses debido al ajuste de beneficios por “reparaciones”, habría sido viable otorgar un aumento significativo a todos los jubilados que sobreviven con sólo un haber mínimo o una pensión. Semejante medida habría impactado sobre una población de jubilados más numerosa y económicamente vulnerable que la que beneficia la ley que fue aprobada.

Así, con los 75 mil millones de erogaciones adicionales que se estimaron como nuevos gastos por el ajuste de haberes en el marco de la “reparación”, se hubiese podido abonar 1650 pesos adicionales a los 3,5 millones de jubilados más vulnerables (empezando por los que cobren la mínima y una sola prestación), mejorando las condiciones de vida de más de la mitad del total de jubilados. Incluso si tales recursos fueran direccionados a beneficiar a los 5 millones de jubilados que menos cobran (el 76 por ciento), dándoles a todos un aumento uniforme en términos reales, el impacto sobre la jubilación mínima habría sido de 1150 pesos adicionales para cada jubilado.

En este contexto, la “reparación” no era en absoluto una elección política obvia, cuando la alternativa era mejorar masivamente las condiciones de los mayores más vulnerables. Y aunque ciertamente tenga el beneficio adicional de reducir la litigiosidad, el costo es que para ello pone en un segundo plano las carencias de millones de jubilados que seguirán sobreviviendo en medio de grandes dificultades.

* Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora de Ciecs-Conicet.