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El 27 de marzo de 1991 fue sancionada por el Congreso argentino la denominada Ley de Convertibilidad del Austral (Nº 23.928) bajo la iniciativa del entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo. Con el objetivo de frenar la “madre de todos los males” (la hiperinflación) y para dar previsibilidad a los mercados, el gobierno de Carlos Menem decidió, acompañado por la mayoría parlamentaria, quedarse sin política monetaria. Del conjunto de instrumentos que un gobierno tiene para hacer política macroeconómica, la Argentina quitó nada más y nada menos de su caja de herramientas la facultad de utilizar el tipo de cambio. Si hay algo que requería la volátil globalización imperante desde principio de los noventa era la flexibilidad en dicha materia. Además, cabe recordar que la Ley comprometía al Banco Central a emitir pesos únicamente si ingresaban dólares para respaldarlos. La medida que tuvo un efecto positivo en el corto plazo, se volvió inconsistente con el paso del tiempo. Cuando el contexto doméstico e internacional ameritaba mover el tipo de cambio o modificar la base monetaria, la Convertibilidad se volvió, además del corsé ideológico, un cerco legal. Como no podía ser de otra manera, luego de 11 años nuestro país se estrelló de la mano de su vedette: la Convertibilidad

Hace unos días, el Congreso de Brasil dio media sanción a una iniciativa impulsada por el flamante gobierno de Michel Temer para limitar por ley, y por 20 años, el gasto público. Como la Convertibilidad en la Argentina, la denominada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) Nº 241 intenta atacar el “mal del momento” que aqueja a la economía del gigante sudamericano: el déficit fiscal. La PEC 241 prohíbe al Ejecutivo brasileño aumentar el gasto público por encima del índice de inflación del ejercicio anterior. Al igual que el caso argentino, de implementarse esta ley, Brasil se quedaría sin un instrumento clave de política económica como es la política fiscal. Si bien es cierto que el contexto actual amerita una política fiscal restrictiva, la mutación de los contextos hace imposible proyectar la misma en el tiempo. Por ejemplo, una crisis global como la del 2009 con caída de la demanda agregada a nivel mundial amerita una fuerte expansión del gasto público (política expansiva-contracíclica). En otras palabras, la ortodoxia o el keynesianismo en materia fiscal y monetaria nunca son absolutos, las coyunturas marcan la necesidad de graduar y modificar los instrumentos macroeconómicos de acuerdo a los objetivos que se prosigan.

Con respecto a esto último, cabe destacar que tanto la Ley 23.928 como la flamante PEC 241 tuvieron y tienen fines determinados que apuntan a cambiar correlaciones de fuerza socio–productivas en momentos históricos determinados, es decir cambiar la ecuación distributiva. En el caso argentino, la Convertibilidad funcionó para terminar de desmantelar un sector industrial protegido (poco competitivo) y favorecer los intereses del capital financiero nacional e internacional. En el caso de Brasil la medida intenta reducir el tamaño del Estado, luego de una década de su fortalecimiento. Ante un aumento de la población y del PIB los recursos públicos para fines como educación y salud se reducirán tanto en términos porcentuales del PIB como en términos per cápita. La PEC 241 comprime, en el largo plazo, los salarios indirectos a través de la reducción del tamaño del Estado. Junto con la propuesta de una ley de tercerizaciones (reducción de salarios directos) el gobierno de Temer intenta con medidas de largo plazo reubicar a Brasil en la división internacional del trabajo, más próximo al modelo de maquilas mexicanas que de la innovación de Corea del Sur.

En definitiva, si en los años noventa la Argentina fue el conejillo de indias de la experiencia neoliberal y su expresión más acabada, su reaparición en el siglo XXI a nivel regional tiene en Brasil su cara más virulenta. La propuesta de “convertibilidad” fiscal así lo demuestra.

* Doctor en Relaciones Internacionales (UNR/CONICET).