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Que a los fondos buitre se los siga llamando livianamente holdouts o bonistas no es en absoluto neutral, como nunca lo es el lenguaje. El término “holdouts” fue apropiado, aceptable, bajo el proceso de reestructuración de la deuda pública de 2005. Denominaba literalmente a los tenedores de bonos o bonistas que decidían quedar afuera de las nuevas condiciones propuestas para salir del default. En 2010, aun al costo de hacer borrón y cuenta nueva con la ley cerrojo y viejos discursos de funcionarios, el Gobierno decidió una reapertura, un nuevo canje para que puedan entrar todos quienes en 2005 apostaron al fracaso de la operación. Se arguyó entonces, entre otras razones, que debía darse otra oportunidad a las presuntas víctimas de los cantos de sirena de personajes hoy olvidados, como el lobbista de la asociación de bancos italianos, Nicola Stock, o de organizaciones buitre, como la Task Force Argentina.

Muy probablemente, la reapertura de 2010 nunca tendría que haberse hecho, pero las hegemonías transitorias al interior del Ministerio de Economía así lo permitieron. Antes de la reelección de CFK, en el ministerio comenzaron a escucharse voces que, aun autodenominándose heterodoxas, pregonaban la necesidad de volver a los mercados internacionales, una alternativa que hoy aparece como pragmática en un contexto asediado por la necesidad de escapar a la restricción externa, pero vedada en la práctica para los “malos alumnos” del poder financiero.

Decir “volver a los mercados” puede parecer trivial, casi un paso lógico-necesario en la normalización post crisis. Pero de trivial no tiene nada. No se trata de rechazar ideológicamente un instrumento que habilitaría transformaciones estructurales financiando, en la transición, un potencial déficit de la cuenta corriente. “Volver a los mercados” significa hoy someterse nuevamente a todos los condicionamientos de los poderes financieros. La película comienza con el pedido de gestos de política para “recuperar la confianza” y continúa con los pagos al Club de París bajo la estricta supervisión y tutela del FMI, los pagos a las empresas que no aceptaron el cambio de reglas macroeconómicas de 2002 y ganaron juicios en el Ciadi, el tribunal bombero del Banco Mundial, y por supuesto, lo peor de todo: el pago a los buitres como si fuesen acreedores privilegiados. Dicho de otra manera, antes que permitir financiar el camino al desarrollo, la única causa válida para endeudarse en divisas, estas acciones no harían más que erosionar los fundamentos del actual proyecto político. Volver a los mercados voluntarios no es malo per se, no se trata de ideología, sino de una relación costo-beneficio.

Además, el debate no ocurre en un plano mediado por las ideas, lo subyacente es el poder en estado puro. El mismo poder financiero global que hoy hace estragos en las economías del centro capitalista, donde las clases dominantes perdieron toda timidez y arrasan sin resquemores con las conquistas sociales y patrimoniales construidas durante décadas por los Estados benefactores. Este poder ya provocó en Argentina el desmadre macroeconómico y financiero que terminó con el estallido de 2001, pero cuyas ideas fuerza, como si nada hubiese sucedido, continúan leyéndose a diario en la prensa hegemónica, que como se sabe es el partido político de la derecha, de adentro y de afuera, como se decía en los ’70.

Como muestra, un botón. Días atrás se reprodujo una carta de Paul Singer, titular del fondo NML Elliot, quien tuvo algunas consideraciones admonitorias que vale la pena poner en primer plano. Según Singer, los títulos de deuda pública adquiridos cuando el default era un hecho, se compraron por su bajo precio frente al potencial de la economía argentina, “que a fines de la Segunda Guerra Mundial era la sexta economía del mundo”, pero la que ahora se estaría deteriorando porque el Gobierno está “expropiando activos de empresas y ciudadanos para llenar las arcas oficiales, imponiendo severas medidas proteccionistas, impidiendo que sus ciudadanos accedan a pequeñas cantidades de dólares para viajar al exterior”. No es muy difícil descubrir detrás de estas palabras una sugestiva similitud con el discurso de algunos economistas locales. El mensaje del dueño de NML Elliot tiene la potencia de catalizar, de volver evidentes las relaciones que se preferían ocultas: el discurso de los fondos buitre es exactamente el mismo que el de la ortodoxia y, también, el mismo de muchos de los que baten cacerolas.

Para colmo, Singer consiguió meterse con lo que algunos consideran un símbolo patrio, como la fragata Libertad, retenida en un país africano prácticamente desconocido para la mayoría. El colaje ideológico que esto genera es llamativo: los mismos que sienten que se viola la soberanía cuando un sistema judicial retorcido y amañado permite el embargo de bienes protegidos por la legislación internacional, son los que demandan bajarse los pantalones frente a presuntos acreedores, reclamantes de cifras de fantasía como 11.000 millones de dólares, suficientes para comprar cientos de fragatas.

Quizás el único efecto positivo de la reapertura del canje en 2010 es que ya no quedan dudas de que el grueso de quienes no ingresaron son los buitres. Como señaló la Cancillería argentina esta misma semana, el mundo debería aprovechar el caso argentino para que en el sistema financiero internacional finalmente haga valer el “riesgo moral”, un concepto que comenzó a agitarse a fines de los ’90 y que implica simplemente que el riesgo de los inversores financieros también debe correr para las deudas soberanas. Alguna lógica debe tener el famoso “riesgo país”. Se supone que los países más riesgosos pagan un sobrecosto cuando toman deuda. A las tasas de referencia internacionales suman el diferencial medido por el “riesgo país”. Los buitres y los tribunales que los escuchan intentan forzar esta lógica básica de las finanzas en la determinación de la tasa de interés. Como simple contraargumento alcanza con preguntarse por qué antes del default pudo Singer comprar bonos argentinos a bajo precio

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