La economía argentina proviene de una política económica ortodoxa que derivó en la crisis de 2001. Desde el punto de vista estrictamente económico, el mercado está lejos de realizar lo que se supone que es su principal virtud: asignar recursos eficientemente. La economía registraba déficit fiscal, caída de la productividad, agotamientos de los sectores industriales. Lo que en esos años se llamaba crecimiento estaba atado a incrementar la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional como garante e impulsor de políticas neoliberales. El resultado fue una caída del 11 por ciento del PBI con un índice de pobreza que alcanzó el 57,5 por ciento de la población.

En primer lugar se hizo necesario el replanteo de la política económica en referencia a la flotación del peso y la estabilización de su valor conforme a las señales que en ese momento originaba el mercado. Paralelamente, el Gobierno comenzó a instrumentar un nuevo plan económico, basado en el superávit presupuestario, la flexibilidad cambiaria, el desenvolvimiento positivo del balance de pagos, la adecuación de la oferta monetaria a la demanda del público y el mayor rol del Estado en materia de inversiones, desarrollo regional y política social. El aumento de recursos públicos con esas finalidades constituyó uno de los instrumentos principales de distribución del ingreso a fin de reducir las disparidades sociales derivadas de la crisis, permitiendo revertir el ciclo económico y dar lugar a un proceso de crecimiento.

Ahora bien, el crecimiento y desarrollo económico fomentaron la capacidad para introducir innovaciones al interior de la base productiva, nodos y tejidos empresariales en el territorio, creando revoluciones en los procesos productivos, incorporando nuevas técnicas en los procesos de fabricación, las cuales conducen a mano de obra local, incrementos de productividad y reducción de los costos que, a su vez, repercuten favorablemente en los procesos de demanda agregada (inversión, empleo, reducción de costos, mayor productividad, mayor competitividad).

Por ello, hay que subrayar que nunca se dan los cambios económicos en el vacío, sino como parte del proceso de las transformaciones de las demandas sociales, incluyéndolas para que acompañen y facilitar el proceso de adaptación económico, social y cultural.

Hay que tratar de recordar y entender que la competitividad se sustenta inicialmente en los factores explicativos de la productividad, esto es, en la incorporación de progreso técnico y organizativo en la actividad productiva, lo cual depende esencialmente del trabajo mancomunado entre el Estado y la gestión empresarial, la infraestructura tecnológica disponible, la calidad de los recursos humanos y las relaciones laborales, y el nivel de vinculación existente entre el sistema de educación y capacitación y el sistema productivo.

En definitiva, hoy el Estado a través de la política económica originó las ventajas innovadoras que descansan en la construcción social. Un desarrollo económico que busca transformar las dinámicas económicas dentro de un territorio, para que sean competitivas, sostenibles y sistemáticas, mejorando la calidad de vida de la gente. Es una dimensión que debe estar articulada a las otras del desarrollo económico (social, político, ecológico, cultural). No se puede impulsar de manera aislada o desarticulada de ellas si se pretende que despliegue toda su potencialidad. Por eso el desarrollo económico tiene, además, un rasgo principal y específico, que constituye su sello y su valor agregado: que introduce el ingrediente económico, refiriéndose al impulso de los procesos de crecimiento económico en municipios o regiones concretas. Es decir, generar potencialidades y expansión a través de ampliar la oportunidad del empleo e ingreso, empoderando a las amplias mayorías de la población.

Para sintetizar, con la adecuada participación de actores (Estado-empresarios) se lograrán aún más beneficios. Y serán sus resultados esperados en la mejora de la economía local/regional, el aumento de ingresos y empleo de la mayoría de pobladores y pobladoras, el incremento de la productividad, la mejora de la calidad del empleo y la ampliación de la recaudación e inversión en el desarrollo económico. Así ofrecerá una contribución sustantiva a la mejora sistemática de la calidad de vida de las mayorías.

Contribuir a la construcción de crecimiento económico, desarrollo y sostenibilidad, mediante una política económica que combine el fortalecimiento de las municipalidades y el fomento de microempresas y pequeñas y medianas empresas, con el desarrollo de redes institucionales y cooperación y complementariedad, sólo será posible si el Estado, empresarios y sociedad lo proponen de manera expresa, y actúan en consecuencia la agenda del de-sarrollo económico, asumiendo una visión capaz de integrar las lógicas e intereses con el conjunto, logrando así la justicia social, la independencia económica y soberanía nacional como columna vertebral del sistema económico.

* Mgter. Administración Pública, posgrados Gestión y Control de Políticas Públicas, Desarrollo Local y Economía Social (Flacso).