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La existencia de conglomerados financieros que operan en numerosos países, la multiplicación de canales de contagio entre distintos mercados, así como la creciente complejidad de nuevos productos financieros que representan riesgos para la estabilidad sistémica de las economías, constituyen algunas de las razones principales que explican las reformas regulatorias encaradas por diversos países y regiones en los últimos meses. Finalmente, y luego de dos años de discusiones, el Parlamento europeo aprobó el pasado miércoles la creación de nuevos organismos reguladores que se encargarán de fiscalizar en forma coordinada al sistema bancario, a las compañías de seguros y a los agentes bursátiles en una de las reformas financieras de mayor alcance de la década.

El acuerdo se vio demorado por intereses cruzados (Londres teme perder su hegemonía financiera en Europa) y fue aprobado por una mayoría abrumadora de legisladores, otorgándoles fundamentalmente a estas nuevas instituciones supranacionales la facultad de supervisar a los reguladores locales de los 27 países que integran la Unión Europea. Las nuevas autoridades comenzarán a operar en enero de 2011, tres años después del inicio de la crisis financiera, teniendo poderes limitados en un comienzo, ampliándose en forma escalonada.

Los temas que podrán abordar cubren una amplia gama que va desde las compensaciones a los ejecutivos hasta la supervisión de los denominados fondos de cobertura. El nuevo esquema institucional parte de crear un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico con sede en Frankfurt responsable de garantizar y prevenir cualquier tipo de inestabilidad en el sistema financiero, y de advertir otros riesgos del mercado como el originado en las burbujas de precios inmobiliarios. El Consejo estará presidido durante los primeros cinco años por el presidente del Banco Central Europeo, Jean–Claude Trichet.

Además crea tres nuevas autoridades regulatorias que operarán bajo el paraguas de éste: la Autoridad Bancaria Europea basada en Londres, la Autoridad de Seguros y Pensiones localizada en Frankfurt y la Autoridad de Valores y Mercados con sede en París.

El origen de este nuevo entramado se remonta a octubre de 2008 cuando el presidente de la Comisión Europea Barroso le encargó a un grupo de expertos en servicios financieros que efectuara un informe con recomendaciones referido a un diagnóstico y propuestas para mejorar la regulación financiera de la región. Dicho grupo fue presidido por el ex presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, Jacques de Larosière, quien produjo el informe que llevó su nombre donde se identificaron las principales debilidades del sector. Los expertos señalaron que el sistema financiero europeo constituye un único mercado, más allá de las fronteras nacionales, que opera en forma transfronteriza y que es regulado por organismos locales descoordinados e incapaces de abordar una operatoria que los excede.

Entre las conclusiones del informe se destaca la necesidad de hacer converger las regulaciones vigentes en las distintas jurisdicciones, creando mecanismos que permitan la coordinación entre supervisores, señalando que la estructura regulatoria institucional vigente no resulta suficiente ni apropiada para enfrentar la realidad financiera de los países de la región. Basándose en este informe, la Comisión Europea comenzó los debates en septiembre de 2009, aprobándose finalmente esta semana las modificaciones planteadas originalmente. Entre las facultades de los nuevos organismos supranacionales está la de intervenir directamente una entidad financiera si el supervisor nacional no adopta las medidas o recomendaciones que se adopten en caso de emergencia. El francés Michel Barnier, responsable de delinear la reforma, señaló modestamente: “Desarrollaremos el mejor sistema regulatorio y de supervisión del mundo”

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