La política de contención de la inflación por la vía del tipo de cambio está generando un aumento de los costos en dólares. El problema afecta al conjunto de los circuitos exportadores regionales, pero en particular a los intensivos en mano de obra, como la fruticultura. Es claro que el diferencial cambiario de la inmediata post convertibilidad no podía mantenerse para siempre y que los exportadores deberán ajustar la competitividad por vías distintas a la cambiaria. Una de ellas es la impositiva, camino sumamente acotado en el presente. Otra consiste en ajustar sobre la producción primaria, alternativa de patas cortas y de elevada conflictividad que parece haber alcanzado un límite, pero que siempre está disponible dadas las relaciones de poder en el mercado.

Siguiendo la primera vía, los exportadores de la Norpatagonia comenzaron una escalada de reclamos gremiales. Otra vez demandan una baja de retenciones para equipararse con el circuito citrícola. Lo que en 2008 era una rebaja de 10 a 5 puntos, ahora, conseguida la primera, es una de 5,0 a 2,5. En la lista de reclamos siguen las cargas sociales, Ingresos Brutos y el ajuste por inflación en los balances.

Con la segunda vía, los empresarios comenzaron a hacer uso de su poder de mercado cortando la cadena de pagos a los chacareros, un preanuncio de lo que se viene en los próximos meses. Para justificar este accionar, los exportadores describen un panorama negro. No sólo hablan del problema de costos por el deterioro cambiario, sino que detallan una temporada catastrófica. No es esto lo que dicen los números. Es verdad que en la pasada cosecha hubo menos fruta, lo que significará menos ingresos totales al final del ciclo anual. Pero de acuerdo a los números del Senasa conocidos esta misma semana, en los primeros ocho meses del año los precios FOB en dólares aumentaron 11 por ciento en peras y 14 en manzanas. Esto determinó que, si bien se exportó en blanco un volumen de frutas de pepitas un 12 por ciento inferior en relación al año pasado, los ingresos totales cayeron sólo el 3 por ciento. La temporada 2009-2010 no se recordará entre las mejores, pero tampoco entre las peores.

Mientras esto sucede, el pasado miércoles el Ministerio de Agricultura, luego de la reunión de “La mesa de la pera y la manzana”, anunció la creación de un fondo para subsidios de 20 millones de pesos. La peor acción pública en cualquier sector de la producción son las transferencias directas sin contraprestación, las que sólo deberían reservarse para la asistencia social. En particular, cuando los subsidios se otorgan como compensación por los bajos precios recibidos, cristalizan esos precios, subsidian de hecho a quienes pagan los precios bajos y clientelizan a quienes los reciben.

Hasta este punto los acontecimientos parecen repetir la película. Quejas de los empresarios por los impuestos y el tipo de cambio y de los productores por los precios, más dinero del Estado para subsidios. Sin embargo, deben advertirse matices:

- El fondo para subsidios resulta sensiblemente inferior al de años anteriores.

- Para su otorgamiento intervino la Dirección Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Se otorga en un contexto de “desastre natural”, lo que presupone comenzar a revertir su carácter estructural.

- Será administrado como un “fondo rotativo” por la Federación de Productores, no funcionará como herramienta de dádivas a través de los estados provinciales o fondos para que los intendentes hagan política u “obras de infraestructura”.

Pero además, según el comunicado de Agricultura, “tanto el Ministerio como la Federación dejaron en claro que en el mediano y largo plazo resultará necesario llevar adelante políticas de transformación productiva (...) que apunten a generar alternativas de comercialización para mejorar el precio que percibe el productor. Ambas partes consideraron que la solución estructural es la promulgación de una Ley de transparencia comercial y seguridad jurídica, tema que será tratado en una próxima reunión con la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados”.

En otras palabras, el Estado Nacional asume por primera vez la necesidad de una legislación “nacional” de “transparencia comercial y seguridad jurídica” como único camino para que los productores primarios reciban un precio “no discrecional” por su fruta. El problema central deja de ser el nivel de precios primarios en sí, nivel que es un efecto, para atacar la causa: las perimidas condiciones de comercialización y la desprotección jurídica de los chacareros durante la primera venta. Así, desde el sector público se asume el rol fundamental de un Estado moderno, que no es fijar precios ni obligar a pagarlos, tampoco sostenerlos o compensarlos con subsidios, sino garantizar el marco jurídico institucional de las relaciones económicas

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