El recurso discursivo favorito de los gobiernos entrantes, al producirse un cambio de signo político, es apelar a la “pesada herencia recibida”. Esa suerte de excusa anticipada es cierta en algunos casos y falaz en otros. Por cierto, la frase se ajustaba a la realidad al inicio de las presidencias de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. En el primer caso, el terrorismo de Estado había esparcido sus trágicas secuelas por todo el tejido social. Por otro lado, los desafíos económicos eran mayúsculos. El líder radical inició su mandato con dinámica inflacionaria creciente (la inflación de 1983 fue del 430 por ciento), PIB similar al de 1975, salarios estancados, reservas exiguas, déficit público en torno al 16 por ciento del PIB, pagos anuales de intereses de deuda del 8 por ciento del PIB, entre otras cuestiones. La “pesada herencia” recibida por Néstor Kirchner es más cercana y conocida. El estallido del modelo neoliberal multiplicó los índices de pobreza, indigencia y desempleo, a niveles inéditos. El legado de los noventa incluyó el sobreendeudamiento y liquidación del patrimonio público. La destrucción de las capacidades estatales fue otra consecuencia menos visible de esa nueva “década infame”.

El aparato gubernamental fue colonizado por funcionarios cuya filosofía se resumía en la célebre frase del entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”. El “furcio” discursivo revelaba una política que incluía la transferencia de activos públicos y el vaciamiento de las capacidades estatales.

El kirchnerismo fue desandando progresivamente ese camino. La recuperación del rol estatal se materializó, por ejemplo, en las reestatizaciones del servicio de aguas y cloacas, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, AFJP, ferrocarriles, espectro radioeléctrico e YPF. El economista Matías Schoor señala que esa política reestatizadora “respondió a una dinámica donde el Estado terminó haciéndose cargo del abandono privado. No hubo, ni hay, una política estratégica”. El debate acerca de hasta qué punto eso es cierto es válido, pero no desmerece el rumbo adoptado. Por otra parte, el kirchnerismo avanzó (poco, bastante, mucho; a gusto del lector) en reforzar las capacidades estatales. La mejora en la calidad de intervención pública permitió, por ejemplo, implementar de manera rápida y eficaz programas de vasto alcance (AUH, Progresar, Pro.Cre.Ar., Plan Conectar Igualdad, nuevo DNI), el desarrollo de la industria satelital, feria tecnológica de Tecnópolis, recuperación operativa de Aerolíneas e YPF y generación de contenidos (educativos, culturales) de reconocida calidad internacional.

“Sin embargo, todavía no está del todo resuelto el desafío de implementar estrategias más sofisticadas, eficaces y abiertas al control e información de la población. De esta forma, se manifiestan temas y problemas que sin tener relación con la orientación de las políticas públicas, tienen incidencia en su despliegue y en los resultados finales a los que estas llegan: falta de planificación, problemas de coordinación –en particular entre ministerios y entre Nación/Provincias/Municipios–, proliferación y solapamiento de estructuras organizaciones, etc.”, sostienen Arturo Laguado y Horacio Cao en Una administración pública para las sociedades posneoliberales en América Latina (20032013).

La mejora continua en la calidad de intervención pública es un desafío permanente. Ana Castellani explica en El paso siguiente que “la noción de calidad alude a dos dimensiones fuertemente imbricadas: una interna, vinculada a diversas capacidades administrativas y financieras, y una externa, o relacional, que remite al grado de autonomía que tiene el Estado a la hora de formular, implementar y monitorear las políticas públicas”.

La diferenciación entre poder político y económico es marca registrada del proyecto iniciado en 2003. Sin perjuicio de eso, el disciplinamiento de los factores de poder es un proceso lento y dificultoso. El robustecimiento de las capacidades estatales requiere de una masa crítica de cuadros técnicos capaces y comprometidos. En ese sentido, los gobiernos con impronta transformadora suelen encontrar resistencias en la burocracia. La falta de exteriorización de grandes conflictos, en el interior del aparato estatal, no implica la inexistencia de trabas cotidianas que deben sortear las autoridades políticas. Las capas geológicas burocráticas engrosadas en épocas neoliberales lideran esa resistencia silenciosa.

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@diegorubinzal