Hace unos días, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, justificó la suba de tarifas señalando que “fueron muchos años de fiesta y alguien tiene que pagar esta fiesta de no reconocer la realidad”. Luego vinculó que los servicios en Argentina son los “más baratos de toda la región” con que “somos el país que tiene más cortes de electricidad”. El federalismo también formó parte de los argumentos al señalar que “acá el colectivo vale 3 pesos, en Bahía Blanca vale 9 y en las provincias alejadas aún más”. Por último, tras señalar que “un Estado que está quebrado no puede seguir con esta política de subsidios a las empresas”, indicó que busca “gobernar para los que menos tienen”.

Al respecto, tratar de irreal una política de servicios públicos que tuvo más de diez años de duración parece incorrecto. Más prudente sería señalar que se trató de una política que tuvo sus claroscuros. Por un lado, permitió sostener la competitividad de las empresas y el poder de compra de los ingresos. Por el otro, generó una inequitativa distribución regional, un elevado costo fiscal, cierto despilfarro en el uso de los servicios e ineficiencias en la gestión empresarial.

Respecto a los puntos positivos, la brusca suba de tarifas de los servicios los borró de un plumazo. El impacto en los costos empresariales parece eliminar la mejora competitiva de la devaluación en varios sectores. La CAME alertó sobre aumentos del 211 por ciento promedio anual en las facturas de luz y la UIA indicó que 7200 empresas y entre 100 y 200 mil puestos de trabajo se encuentran comprometidos. La suba en los costos se combina con el impacto del tarifazo en los ingresos de los hogares, ya golpeados por la devaluación. La consecuente merma en su poder adquisitivo de las familias deriva en una baja del consumo, tal como destacan la evolución de la recaudación del IVA-DGI de 10 puntos abajo de la inflación. Mayores costos energéticos junto a un mercado en retracción es un escenario peligroso para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas.

Las desigualdades regionales de la anterior política de subsidios parecen resolverse de la peor manera. El incremento en el costo mayorista de la energía generó fuertes subas de los servicios en el interior del país cuyo único consuelo es que en Buenos Aires los aumentos fueron mayores. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice un refrán que bien puede aplicarse al federalismo pro en materia de servicios.

La reducción del costo fiscal parece ser la consecuencia más clara de la actual política de servicios, aunque habrá que ver con el paso del tiempo el impacto sobre la recaudación de la recesión económica generada. Respecto a los despilfarros y la preocupación por los más pobres, la tarifa social es bastante acotada en materia energética y sufrió un fuerte incremento en el caso del transporte del AMBA. De ahí que la reducción del consumo de servicios derivará una parte de un uso más racional por sectores de ingreso medio y, en parte, por la caída de la actividad económica y la privación de servicios esenciales para los hogares más humildes.

Por último, los estímulos a una aceptable gestión empresarial de las empresas de servicios públicos continúan ausentes. Subir las tarifas hasta garantizar la rentabilidad de la empresa sin objetivos de productividad y de inversiones, no se diferencia de la política de subsidios anterior en materias de estímulo a la buena gestión empresarial. De ahí que las consecuencias esperables en materia de calidad de los servicios y record regional de cortes eléctricos no sean muy diferente.

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