Una reciente editorial publicada en La Nación “Prohibir despidos desalienta el empleo” se pronuncia en contra de un proyecto de ley que fue consensuado por amplio abanico de diputados de la oposición de variada pertenencia política. El proyecto busca declarar la emergencia laboral desde el 1º de marzo del presente año hasta diciembre de 2017, período en el cuál quedarán prohibidos los despidos sin causa justa en el ámbito público y privado, debiendo pagarse una doble indemnización en el caso de que el despido se consume y el empleado desista de su reincorporación mediante litigio judicial.

Para el editorialista “la prohibición del despido o su encarecimiento desmedido crearían una prevención de los empleadores a contratar nuevo personal o siquiera a reemplazar a los que renuncien o se retiren. De esta manera, aparentemente se beneficiaría a los que ya están trabajando, pero se castigaría a quienes estén desempleados, ya que les resultaría mucho más dificultoso salir de esa situación”. Por último concluye que “en épocas de crisis deben evitarse, con más razón, estas rigideces y sobrecostos. Si lo que se pretende es una política laboral de promoción del empleo, deberían estudiarse mecanismos de flexibilización y, particularmente, la descentralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo, privilegiando los acuerdos a nivel de empresa”.

Al respecto, el temor empresarial a que la emergencia laboral inhiba la contratación de nuevos empleados, esta contemplada en el proyecto que en su artículo 15 señala que la emergencia laboral no rige para empleos generados desde el 1º de marzo de 2016. De esa manera, el incremento del costo de los despidos no inhibe la creación de empleo ya que sólo rige para los empleos pre-existentes a la fecha que se establece el inicio de la emergencia que tiene un período retroactivo para evitar despidos preventivos antes de que se sancione la ley.

La idea del editorialista de que ante situaciones de crisis económicas deben abaratarse los despidos en lugar de encarecerse roza el disparate. El argumento flexibilizador que sostiene que cuanto más barato sea despedir un trabajador mayor estímulo tendrá un empresario para contratarlo parte de suponer que la economía marcha a plena actividad. En ese contexto, el menor costo potencial de los despidos puede ser un estímulo a contratar mano de obra para empresarios cuya actividad económica marcha bien.

En situaciones de debacle económica, abaratar los despidos no incrementa el empleo ya que nadie contrata trabajadores si sus ventas están cayendo. Es más, en esos contextos, abaratar los despidos tiene a favorecer que los empresarios intenten compensar sus menores ventas reduciendo personal. De esa manera, se acentúa la pérdida de puestos de trabajo y como un desocupado más es un consumidor menos, se agrava la merma en las ventas empresariales profundizándose la crisis económica y laboral.

Por último, la descentralización de las negociaciones de salarios y condiciones de trabajo a nivel empresa, busca compensar a la crítica situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas por la reciente reducción del mercado interno con suba de costos de los servicios, a partir de un deterioro de las condiciones laborales de sus trabajadores. Una alternativa que contempla las desigualdades empresariales sin descargarlas sobre el eslabón más débil, son mecanismos solidarios a nivel cámara empresarial para que las empresas más grandes cubran solidariamente parte de los costos laborales de las PyMES de su sector. Una opción que privilegia el empleo que se concentra mayoritariamente en establecimientos pequeños y medianos.

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