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En una reciente gira por España, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, participó de una reunión con empresarios españoles con la intención de “vender Argentina”. Dado que los empresarios argentinos “están un poco sacudidos por tantos años de no aprender a tomar riesgos”, la apuesta del equipo oficial parece ser la atracción de inversiones extranjeras. Con ese fin, brindó un pantallazo de las medidas tomadas para “Establecer las bases de un nuevo régimen” como “eliminar controles de capitales y permitir a empresas extranjeras remitir dividendos” o corregir “precios relativos” –léase subir tarifas–, “una cuestión muy cara a los intereses de algunas empresas españolas”.

Ante la presencia del CEO de Telefónica quien “ha resistido los avatares del kirchnerismo” y tras “pedirles disculpas por los últimos años”, el ministro señaló que sabe “todo lo que han sufrido los capitales españoles en Argentina”. Indicó que fue “un disparate lo que se hizo con Repsol” ya que si bien la “compensación no fue insuficiente”, en materia de trato al empresario extranjero “es una de las manchas de la gestión anterior” que “no va a volver a suceder”.

Algunos números parecen indicar que el capital español cotizó su “sufrimiento” en forma bastante rentable. Comenzando por la empresa de telefonía, pasó de un “importe neto de negocios” en nuestro país de 644 millones de euros en 2003 a uno de 3952 millones de euros en 2015, y un “resultado operativo antes de amortizaciones” de 383 millones de euros en 2003 a uno de 1004 millones de euros en el último año. Es decir, que multiplicó por seis su volumen de negocios y triplicó sus resultados brutos según datos de la propia compañía en sus balances (a precios españoles de 2016). ¡Vaya forma lucrativa de “resistir los avatares del kirchnerismo”!

En el caso de la petrolera, la rentabilidad neta entre 2003 y 2011 de Repsol-YPF explicó un 28-30 por ciento de la rentabilidad global de la empresa en momentos que el crudo cotizó internacionalmente muy por arriba que en el mercado local. Por su parte, cuando el precio de petróleo se desplomó a nivel global como en 2009, el mercado interno pasó a explicar la totalidad de la rentabilidad global de la empresa. Antes de ser expropiada, su rentabilidad neta global fue de 2544 millones de euros y el de su filial argentina de 1608 millones, es decir, el 63 por ciento de su rentabilidad neta global. La indemnización por la expropiación le implicó ingresos anuales por diez años cercanos a los 1000 millones de dólares anuales, una compensación que “no fue insuficiente”, especialmente si se compara que el horizonte futuro de la empresa dado por el agotamiento autogenerado en nuestras reservas hidrocarburíferas.

Otros casos como el de vaciamiento de la aerolínea de bandera y su costosa recuperación por el Estado Nacional, no fueron mencionados, tal vez, por un mínimo pudor. Al respecto, la regla del comportamiento del capital español en Argentina desde su desembarco en los noventa parece haber sido la de transferencia de ganancias extraordinarias a su casa matriz, con bajos niveles de inversión local que, en casos de la telefonía, derivaron en un servicio deficiente y en otros, como los hidrocarburos, en un déficit energético que aún limita la actividad económica.

Esas experiencias deberían ser motivo de reflexión sobre el rol del capital extranjero en la economía y la necesidad de un marco legal más estricto para su control. Una política que no se condice con un pedido de disculpas mal dirigido y que olvidó el sufrimiento del pueblo argentino ocasionado por el capital español.

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