“El Estado no está ejerciendo la capacidad de regulación indirecta de precios a través de la enorme capacidad de compra que tienen PAMI e IOMA. Los principales laboratorios de la industria, en sociedad con algunos dirigentes farmacéuticos, toman las decisiones en esos organismos al definir los contratos. Aunque las obras sociales y las prepagas adhieran a la obligación de prescribir por genérico, el Estado no tiene estructura para controlar que la ley se cumpla. Además, la industria termina imponiendo las marcas al negociar los medicamentos que se incluyen en los vademecum. La ley dice que el usuario elige, pero en los hechos terminan eligiendo los gerentes de las financiadoras junto con los laboratorios. Hay quienes señalan que el Estado debería producir medicamentos genéricos para hacer bajar los precios. Pero producir desde el Estado implica una decisión estratégica que tiene que ir antecedida de un objetivo sanitario muy preciso. No hay capacidad para fabricar los 68 productos que más se comercializan. Además, si el objetivo fuera sólo regular precios no hay necesidad de hacer semejante despliegue. Alcanzaría con regular de manera indirecta a través de la seguridad social”.