“Es muy difícil embargarle activos a un Estado y los pagos a otros acreedores se pueden proteger realizándolos en el país. No obstante, está probado por la historia que los que pelean hasta el final terminan cobrando más. Es injusto, pero siempre pasa. Con la legislación actual nadie puede modificar el capital, la tasa, la moneda y la fecha de un bono sin el consentimiento del acreedor. Por lo tanto, en algún momento se van a tener que sentar a negociar con quienes litigaron. Si no es este gobierno será el próximo. Si el fondo de Kenneth Dart tiene que esperar no va a tener problema. Los 700 millones de dólares que reclama pueden no ser significativos en el total de la deuda, pero es una suma importante como para justificar la persistencia del reclamo. Dart es uno de los pocos que tiene capacidad para financiar honorarios de buenos abogados hasta el final de la reestructuración. Cuando el resto de los acreedores acuerden buscará negociar mejores condiciones que las obtenidas por el resto.”