Por lo general suele afirmarse que el sistema actual de riesgos del trabajo no cubre a los trabajadores en negro. En los hechos eso es cierto, pero la legislación contempla una vía para que todas las víctimas de accidentes laborales obtengan un resarcimiento, aunque no estén registradas. Si un trabajador sufre un accidente, la ART a la que está afiliado el empleador debe cubrir el siniestro aunque el empleado no haya sido declarado. Luego puede exigirle el costo de la cobertura a la empresa. Si la empresa no tiene ART el trabajador debe accionar contra su empleador. Si la Justicia comprueba que el empleador presenta insuficiencia patrimonial, el Estado debe cubrir el tratamiento del trabajador y/o la indemnización por daños a través del Fondo de Garantía de la Ley de Riesgo de Trabajo. El fondo se financia con las multas aplicadas a las empresas por incumplimiento de la Ley de Higiene y Seguridad, contribuciones a cargo de los empleadores privados autoasegurados y el dinero recuperado por la SRT de los empleadores en situación de insuficiencia patrimonial. Pese a la existencia del fondo casi ningún trabajador logra usufructuarlo por desconocimiento o por trabas burocráticas. Es por eso que en el período 2001-2002 el fondo declaró ingresos por 85 millones de pesos, pero sólo tuvo que cubrir dos casos de trabajadores accidentados por 30.155 pesos en total. Una parte importante del resto de los recursos se destinó a cubrir “actividades de capacitación, publicaciones y campañas publicitarias que tienen como fin disminuir los impactos desfavorables en la salud de los trabajadores”, tal como lo contempla la ley.