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El jueves pasado, al día siguiente de que Lavagna enviara el proyecto de ley que pretende cerrar toda posibilidad a una nueva oferta para los acreedores, el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, mantuvo una caliente conferencia telefónica con los ejecutivos de los bancos de inversión con sede en Washington. Junto a Nielsen estaba la plana mayor de su equipo negociador de la deuda: el secretario Leonardo Madcur, el subsecretario Sebastián Palla y un selecto grupo de abogados.

La conversación llegó a su pico de tensión cuando el analista de Wachovia Securities se despachó con una ofensiva mención a Lavagna.

–¿El ministro Lavagna dijo varias veces que ahora habla el mercado, este proyecto de ley en el medio del canje no implica que el gobierno argentino se burla del mercado porque no le importa lo que tiene que decir el mercado? –disparó.

Del otro lado de la línea, Nielsen guardó silencio unos segundos. Y luego respondió:

–Me parece que su pregunta no corresponde –dijo, subiendo el tono, pero intentando no perder los modales.

–¿Consultaron con el FMI esta medida? –retrucó otra voz de los banqueros.

–No, sólo informamos –contestó Nielsen, con voz de fastidio.

–¿Informaron a tiempo para recibir los comentarios? –lo chicaneó otro ejecutivo.

–No, es una decisión del gobierno argentino –se defendió el segundo de Lavagna.

–¿Puedo hacer otra pregunta? –insistió otro representante de los acreedores.

–Si es sobre este mismo tema, no –cortó el interrogatorio el funcionario argentino.

Otro momento de tensión en la conferencia telefónica tuvo como protagonista a Martín Anidjar, hijo de un conocido economista local y analista de Morgan Stanley.

–¿El proyecto de ley enviado al Congreso se puede cambiar por decreto de necesidad y urgencia? –preguntó el ejecutivo desde Nueva York.

–Devolvemos las facultades al Congreso argentino en el tema de la deuda –respondió Nielsen.

–¿Pero el Gobierno puede cambiar esa decisión o no? –insistió.

–Devolvemos la facultad al Congreso que puede sacar una nueva ley (si se quisiera hacer una nueva oferta a los acreedores) –afirmó Nielsen.

Siempre suspicaces a la hora de hablar de dinero, los banqueros interpretaron esta respuesta de Nielsen –casi formal– como que siempre estará abierta la puerta para seguir conversando mejoras. “No dijo que no”, reflexionó un participante de la tertulia telefónica.

Además de la prohibición al Ejecutivo de realizar otra propuesta a los acreedores, la ley tampoco autoriza reabrir el canje en el futuro, manteniendo la oferta actual (artículo 2).

Pero, sin duda, el punto que más preocupa a los acreedores es el artículo 4, que ordena el poder ejecutivo para retirar de circulación todos los bonos en default, lo cual dejaría a los inversores que no aceptaran el canje sin posibilidad de vender fácilmente sus títulos en los mercados financieros internacionales.

–¿Van a deslistar (así se dice en la jerga técnica) los bonos en Nueva York? –interrogó un broker.

–La ley nos obliga a hacerlo en todas las jurisdicciones en que el marco regulatorio lo permita –contestó Nielsen.

Traducido: el gobierno no retiraría de circulación en Nueva York, el principal mercado, los bonos en default. Se sabe que esa decisión sería interpretada por los jueces norteamericanos como un abuso de poder en contra del acreedor, lo cual podría en riesgo legalmente todo el canje.