El precio de la carne es un motivo de preocupación recurrente cuando la inflación comienza a despegar debido a la fuerte incidencia que tiene en el Indice de Precios al Consumidor. En distintos períodos de la historia argentina, los gobiernos apelaron a diversas herramientas para intentar contener las subas: fijación de precios máximos, días de veda, firma de acuerdos voluntarios de precios e incluso la creación de un índice de precios “sin carne”. El responsable de esa “original” idea fue el ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz. En julio de 1979, la inflación se había vuelto imparable para el gobierno de facto y la carne estaba entre las principales impulsoras al haber acumulado una suba anual de 300 por ciento. Entonces, Martínez de Hoz lanzó un índice de precios que no contemplaba las carnes rojas ni sus preparados. Lo insólito es que el Indec también siguió publicando el índice de precios “con carne”. Por ejemplo, en septiembre de 1979 se difundió la inflación acumulada de los primeros ocho meses de ese año. Los precios minoristas habían subido 95,7 por ciento, pero el índice “descarnado” acumulaba 85,8 por ciento. La publicidad del índice más bajo no tuvo mayor efecto porque, al coexistir los dos datos, los contratos se siguieron indexando en base al indicador tradicional. Una estrategia similar a la de Martínez de Hoz implementó el ministro Roberto Lavagna en febrero de 2003 cuando decidió modificar el modo de calcular la pobreza, valorizando la Canasta Básica Alimentaria con precios más bajos que los que utiliza el Indec. El resultado fue “espectacular”: en un abrir y cerrar de ojos 2,8 millones de personas dejaron de ser pobres y 2,6 millones salieron de la indigencia. Ni el índice de Martínez de Hoz ni el de Lavagna lograron prosperar.