El Ciadi es un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial, creado en 1965, para resolver controversias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros Estados. Sus laudos son obligatorios para las partes, tienen fuerza ejecutoria inmediata y no admiten la revisión en ninguna instancia. Argentina adhirió al Ciadi en septiembre de 1994 y ratificó 58 tratados bilaterales de inversión donde le delega la soberanía jurídica en materia de cuestiones económicas. Esos tratados tienen jerarquía constitucional e incluyen cláusulas abusivas que privilegian al capital extranjero por sobre el nacional. Luego de la devaluación, las privatizadas se ampararon en esos tratados para demandar al Estado ante el Ciadi por la pesificación y el congelamiento de las tarifas reclamando indemnizaciones millonarias. En la actualidad el tribunal tiene pendientes de resolución 89 casos, de los cuales 36 son denuncias contra la Argentina.

Las opciones que tiene el Gobierno para intentar salir de la lógica que impone ese sistema son muy pocas. Una posibilidad es rescindir unilateralmente los tratados bilaterales para hacer caer las cláusulas abusivas, pero en la mayoría de los casos los tratados tienen una vigencia mínima obligatoria de diez años. Una vez vencido ese plazo se los puede rescindir, pero rigen por diez años más para las inversiones que se realizaron mientras estuvo vigente.

Una segunda opción es que los dos países que firmaron el tratado se pongan de acuerdo y celebren un acta interpretativa del convenio. En ese caso la reinterpretación tiene un efecto retroactivo porque ambas naciones estarían diciendo que nunca quisieron decir lo que algunos inversores interpretaron en su provecho, pero para avanzar en ese camino se necesita el consentimiento de la contraparte.

Frente a este escenario complejo, el Gobierno decidió avanzar con la defensa en juicio mientras prepara el terreno para habilitar una revisión por parte de la Corte Suprema de los laudos negativos que puedan llegar a emitir los tribunales del Ciadi. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, aseguró que los fallos del Ciadi serán respetados siempre que no violenten principios de derecho público argentino, de lo contrario “se ejercerá una revisión constitucional local”.